La torre de marfil

Gastón Garatea, sacerdote ejemplar

El Cardenal Cipriani ha impuesto al sacerdote Gastón Garatea la sanción más cruel que puede imaginarse sobre un religioso: la prohibición de celebrar la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. El motivo, aparentemente, es el apoyo, expresado públicamente por el padre Garatea, a la unión civil entre parejas del mismo sexo.

Una cosa que debería quedar clara es que, la postura del padre Garatea no es ni por asomo extrema o radical. La idea de contratos civiles, que no llegan a la condición de matrimonio, es una posición contemporizadora que el movimiento LGBT considera tímida e insuficiente.

En sus opiniones públicas sobre la unión civil, el padre Garatea, de hecho, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de adopciones por parejas del mismo sexo.  Se limitó a plantear que el asunto sea estudiado por sicólogos; lo que es una actitud exploratoria. Alguien hasta podría pensar que sugiere una visión conservadora, que ve la homosexualidad como desorden mental.

Pero, para Cipriani, incluso esa postura moderada es inaceptable. En su visión del mundo sólo existe el todo o nada; la defensa o el ataque. Si Garatea no expresa una condena injuriosa contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, debe estar abriendo las puertas de la perdición. Que considere la adopción como algo que debe ser estudiado, en vez de ser rechazado de plano, es demasiada heterodoxia.

La postura maniquea del Cardenal es parte integral de su personalidad. Hace sólo unas cuantas semanas, dinamitó un pre-acuerdo con la Universidad Católica signado por la moderación. De hecho, el acuerdo tan pecaba por el lado de la prudencia que amplios sectores de la comunidad universitaria lo consideraban concesivo hacia el Arzobispado. Para Cipriani, incluso las concesiones no eran suficientes. Todo o nada: ¿para qué buscar un justo medio si se puede exigir todo y polarizar?

Ni qué decir, por supuesto, de su participación en el sangriento episodio de la residencia del embajador del Japón. Como todos sabemos, Cipriani posaba ante los secuestradores como mediador, pero en las Biblias y guitarras que introducía a la residencia, pasaban micrófonos para facilitar una operación militar que –antes de ejecutarse- era absolutamente incierta en costos humanos.

Fulminados sus enemigos, debe destruir a los moderados. Al padre Garatea, como a la Universidad Católica, los quiere pulverizar, no por extremistas, sino por ser demasiado dialogantes. Les pasa la cuenta por haber apoyado la CVR, por defender los derechos humanos, por exponer al escarnio público su vergonzosa actitud cuando estuvo en Ayacucho, más que de obispo, de capellán castrense.

Es curioso que en un país donde se caricaturiza y condena a quienes protestan en las regiones por “radicales” o “extremistas”, el extremismo de Cipriani se pase por agua tibia.

Pido perdón por este exceso retórico: no es curioso. Es, simplemente, nuestro doble estándar en acción: los que protestan desde abajo son “extremistas” condenables; los extremistas de arriba, son líderes espirituales.

Podría emplear otro truco retórico aquí, y decir que es paradójico que Cipriani haga escándalo por las parejas del mismo sexo pero no tome acción sobre la pederastia. Al fin y al cabo, cualquiera que haya leído los Evangelios sabe que Jesús nunca condenó a los homosexuales, pero sugirió a los pederastas arrojarse al mar con una piedra de molino atada al cuello.

Eso sería demasiada retórica, porque para Cipriani y la jerarquía católica no hay paradoja: importa poco lo que Jesús haya dicho; importa más lo que el vicario vaticano y sus teólogos favoritos interpretan.

El efecto más inmediato de las acciones de Cipriani es un creciente sentimiento de repudio y hartazgo, ante una Iglesia hipócrita, alejada de la vida y poco compasiva. En vez de esfuerzos reformistas, lo que estimula la actual situación es deserciones. En vez de acuerdos, lo que estimula es desconfianza y ruptura. Para Cipriani y sus radicales, esto no es malo: como toda secta, prefieren ser pocos y unánimes, que muchos y diversos; decididos antes que pensantes; acusatorios antes que dialogantes.

Y así –creo- se atan al cuello la piedra de molino de su intolerancia, y se arrojan al mar de una inevitable irrelevancia histórica.

Fuente de la imagen.

Suboficial Astuquillca, rescatado por civiles y por su propio esfuerzo.

¿Cómo entender la siguiente paradoja? De un lado, el Perú es un país en el que las elites consistentemente afirman que no hay crimen mayor que el cometido por los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA. Del otro, también en el Perú, la lucha contra los remanentes de subversión permanece estancada y los soldados enviados a esa tarea no tienen ni el equipo, ni el liderazgo ni las estrategias adecuadas.

Cualquier intento de resolver la paradoja lleva a conclusiones aterradoras.

Primera posibilidad: en efecto, las élites creen que la subversión es el peor de los crímenes y la quieren destruir, pero son tan atrozmente ineptas que no han aprendido nada sobre cómo combatirla.

Toda la información que se puede obtener sobre lo que ocurre en las zonas donde actúan remanentes senderistas indica que se cometen los mismos errores que se cometieron en 1983: asumir que se trata de un problema militar, descuidando el componente político; utilizar tácticas militares indiscriminadas como bombardeos que victimizan y alienan a la población civil; evitar todo tipo de información y debate ciudadano, con el pretexto de que estos ayudan al enemigo.

Si este es el caso, el riesgo que enfrentamos es la repetición de 1983: un conflicto localizado en una zona del país se trata de resolver a sangre y fuego, causando altísimas bajas civiles, un éxodo poblacional y la expansión de la violencia fuera de su teatro original.

Segunda posibilidad: a las élites el tema de Sendero les importa en realidad un rábano, o lo consideran un pequeño espantapájaros útil para momentos políticos especiales y –por lo tanto- no lo quieren destruir.

Sendero se ha mantenido por veinte años en estas zonas después de la captura y capitulación de Guzmán. Durante el fujimorismo, su presencia, como una permanente provocación, fue siempre la excusa perfecta para calzarle un sambenito a la oposición y para galvanizar a la opinión pública. Luego del fujimorismo, el fantasma de Sendero y sus sucesivos “número uno”, ha sido un cuco funcional para satanizar las protestas sociales y la lucha por los derechos humanos.

Si este es el caso, los policías y los soldados, y –por cierto- la población civil de estas zonas, son carne de cañón: materia dispensable para quienes están interesados simplemente en la ganancia política fácil.

El padre del suboficial Vilca, encontró los restos de su hijo con ayuda de la población civil.

Las dos posibilidades anteriores son alucinantes. Pero hay una aún peor: que no haya paradoja, y todo tenga sentido.
Es perfectamente posible que las élites piensen que lo que ellos llaman “el terrorismo” deba ser destruido, pero que sean víctimas de su propia ideología y no puedan destruirlo, porque lo necesitan.

En efecto: la derecha construye el concepto de “terrorismo” en una forma amplísima que incluye –para ellos- los movimientos sociales, las tendencias de izquierda, los pocos liberales políticos, la laicidad, los gays, la CVR, la Corte Interamericana, etc. Esos supuestos peligros ponen en riesgo el mayor logro de las élites desde el golpe de Morales Bermúdez: un régimen de democracia empeñada a cuatro poderes fácticos: la tutela de un ejército intocable,  la voz inapelable de una Iglesia Católica ultraderechista, los intereses sagrados de la gran empresa, y una estupidizante cultura de masas.

Todo lo que no calza ahí es terrorista, subversivo, disidente, raro. Pero, al crear un concepto tan amplio han terminado disparando en todas las direcciones menos en la única que realmente representa un reto militar al estado: esto es, las bandas que se reclaman sucesoras de Sendero.

Es decir: en efecto, lidera nuestro país (con puesto de gobierno o sin él) un circo de ineptos que persiguen sus propias obsesiones en vez de enfrentar los temas como son. Y, como consecuencia, lo segundo también es cierto: necesitan sus obsesiones vivas, para tener un permanente chivo expiatorio. Como el estalinismo necesitaba el fantasma de Trotsky para justificar su ineptitud, el régimen político Marca Perú que tenemos, necesita a Sendero y, cuando no lo tiene, se lo inventa, clavándole el remoquete de terrorismo a todo.

El costo de esta irresponsabilidad, de esta falta de liderazgo real, lo pagan los de a pie. Las poblaciones civiles que deben vivir bajo la extorsión de Sendero y el riesgo de bombardeos indiscriminados; los padres de los civiles y los padres de los soldados; los adolescentes reclutados a la fuerza por Sendero y los adolescentes con uniforme a quienes sus superiores abandonan a su suerte.

Y sin embargo -paradoja de paradojas- puede ocurrir que las víctimas de esta atrocidad se reconozcan como tales y se ayuden. Al fin y al cabo, fueron indígenas y campesinos, víctimas de Sendero y –a la vez- población atemorizada por las fuerzas del orden, quienes ayudaron a Astuquillca a escapar y al padre del suboficial Vilca a encontrar los restos de su hijo. Son los modestos, los que no entran en el cálculo, los solidarios pese a todo, quienes mantienen viva la esperanza y quienes vocean el rechazo a los ineptos con cálculo que pueblan los edificios de falso mármol de nuestro poder.

Charles Taylor durante el juicio.

El sr. Charles Taylor, expresidente liberiano ha sido hallado culpable, en el juicio que le sigue un tribunal internacional, por crímenes cometidos en la guerra civil de Sierra Leona.

Reflexionemos un instante sobre esta frase.

De un lado, el dato que ha hecho titulares: otro ex jefe de estado ha sido juzgado por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y terrorismo.  Taylor se une al club, aún pequeño, de los tiranos que calcularon mal y han terminado enfrentando a la justicia, como Milosevic, o Fujimori.

En un mundo en el que lo ordinario es que los dictadores terminen sus días disfrutando riquezas mal habidas o –riesgo profesional- malamente ejecutados por sus enemigos, el juicio de Taylor es aún una anomalía, y la atención de la prensa internacional está justificada.

Por otro lado, y esto ha recibido menos atención mediática, un liberiano es juzgado en Holanda por crímenes cometidos en Sierra Leona. (Tal vez debería mencionar, además, que fue arrestado en Nigeria).

El hecho genera alarma entre soberanistas de derecha e izquierda. ¿Por qué una corte en Europa juzga a un liberiano por crímenes cometidos en Africa? ¿No es esta una intromisión neocolonial, como ha argumentado la defensa de Taylor?

Similar argumento esgrimió Milosevic, para quien el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia no era sino un brazo de la OTAN, cumpliendo un plan antiserbio. En otro caso, los defensores ultraderechistas del general Pinochet llamaron “colonial” el arresto de su líder en el Reino Unido, a petición de un juez español.

Se trata de una defensa oportunista. ¡Curiosa concepción de la soberanía es esta, que proclama la “no intervención” cuando los gobiernos cometen atrocidades y las llaman “asuntos internos”! Crímenes como la desaparición forzada, el secuestro y la violencia sexual son considerados “contra la humanidad” y no “contra una parte de la humanidad” por una razón.

La noción de soberanía se basa en la responsabilidad de un Estado de amparar los derechos de sus ciudadanos. Un Estado que no sólo no los protege, sino que los vulnera en forma atroz, está abriendo las puertas a la censura y a la acción internacional. Eso es lo que no acepta la defensa de Taylor y –por cierto- tampoco los soberanistas criollos, que consideran antipatriota o “caviar” el acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de Taylor, además, las apariencias engañan al desavisado. El ex dictador ha sido juzgado en La Haya, es cierto; pero no por una corte holandesa: Taylor ha sido juzgado por la Corte Especial de Sierra Leona, creada por acuerdo entre la ONU y el gobierno de Sierra Leona, e integrada por jueces internacionales y sierraleoneses, nombrados por ambas partes: el juez que ha presidido la sala que ha juzgado a Taylor no es holandés, sino de Samoa.

La razón por la que el juicio se ha celebrado en Holanda, es que Taylor es aún un individuo poderoso, con seguidores en Liberia y Sierra Leona, y juzgarlo en Sierra Leona ha sido considerado peligroso por ambos gobiernos. No ha sido arrastrado el Sr Taylor a la metrópoli colonial; porque ni Liberia ha sido colonia, ni le ha juzgado Holanda. Parece ser, además, que el Sr. Taylor, aprovechando las virtudes de la justicia moderna, ya ha expresado no tener ninguna objeción contra servir su sentencia en Londres, y no en Sierra Leona; quién sabe si para estar cerca de su admirada Naomi Campbell, la modelo británica a la que agasajó con el regalo de diamantes en bruto.

Taylor, en sus mejores tiempos, con combatientes menores de edad.

El argumento soberanista y anti-intervención, de parte de Taylor es, además, irónico porque los perpetradores de su talla no vacilan en crear redes internacionales, involucrando varios estados, cuando se trata de lanzar empresas criminales. Taylor, de acuerdo a la acusación de la fiscalía, y a la sentencia, fue entrenado en la Libia de Gadafi: fue allí donde conoció a quien se volvería su cómplice en la guerra de Sierra Leona, el temible Foday Sankoh, líder del Frente Unido Revolucionario, de ese país. Y se rumorea sobre una relación entre Taylor y las agencias de espionaje estadounidenses, de acuerdo a una investigación, aún incompleta, del diario “Boston Globe”.

Esto no debería constituir sorpresa alguna para los latinoamericanos, por supuesto: bien sabemos que los militares de los 70 y 80 eran bastante soberanistas para atizar tensiones fronterizas (y mucho después, para proteger a los generales de la justicia), pero decididamente internacionalistas para perseguir opositores.

La actuación de la Corte Especial de Sierra Leona es, más bien, una afirmación de soberanía: en efecto, Sierra Leona, país devastado por la rapiña de Taylor y Sankoh, no ha renunciado a la responsabilidad para con sus ciudadanos y ha buscado la cooperación internacional para ejercerla. Ha creado y ha permitido el funcionamiento independiente de un tribunal ejemplar en su respeto al debido proceso y, en el camino, ha ido generando una nueva generación de abogados y juristas locales que quedarán cuando la Corte se disuelva.

La misma Liberia ha ganado: luego de la catastrófica dictadura de Taylor, tampoco tenía los recursos ni la capacidad para juzgarlo, pero no ha protegido al tirano y –aunque este no haya respondido aún por los crímenes que cometió en Liberia- el juicio es una afirmación de que la soberanía se funda en los derechos de las personas, y no en la voluntad del gobernante.

Otros aspectos del caso Taylor recibirán, seguramente, la atención de los juristas. No es la cosa tan sencilla como la pinta la prensa: Taylor no ha sido hallado culpable de ordenar los crímenes, sino de complicidad y planeamiento. Esto supone un golpe a la fiscalía, que lo consideraba un auténtico instigador y parte integral de una conspiración delictiva con Sankoh. Ya veremos lo que esto pueda significar cuando la corte dicte la condena, a finales de Mayo.

Pero creo que si algo nos debería poner a pensar, en el caso Taylor, es en la necesidad de someter a un examen crítico aquellas nociones de soberanía que heredamos de las monarquías occidentales y que se centran en el poder absoluto del jefe del Estado. Nadie en su sano juicio puede renunciar a la soberanía como independencia nacional, pero ya es hora de que esta concepción se funde en una base sólida: la responsabilidad hacia los ciudadanos, el consentimiento de los gobernados y el respeto a los derechos fundamentales.

Fuente de la primera imagen, y de la segunda.

La situación de los bienes y forma de gobierno de la Universidad Católica ha sido objeto de una dura contienda legal y política, entre el actual Arzobispo de Lima y las autoridades de la universidad. Las dimensiones legales del problema son sumamente complejas, y no se prestan a un análisis apresurado, ni a respuestas fáciles.

Han estado en debate no solamente el fondo de la cuestión, sino los instrumentos legales aplicables para su resolución. En los últimos años, ambas partes han librado su liza en la arena constitucional, civil y canónica; se ha debatido la aplicabilidad de la ley peruana o del Estado Vaticano; y un tema originalmente vinculado a la propiedad ha derivado en la naturaleza misma de la universidad y su forma de gobierno.

Son dos campos: el legal y el político.

En la arena legal, las autoridades universitarias –lo que incluye al Rectorado, pero también al Consejo y a la Asamblea Universitaria- han presentado una postura optimista, incluso frente a reveses como la adversa sentencia del Tribunal Constitucional. Algunos le critican ese optimismo, que incluso se mantuvo cuando los abogados del Arzobispado lograron que dicha sentencia se inscriba en las partidas registrales de todos los bienes de la universidad, con el efecto práctico de un embargo: la universidad hoy por hoy no puede disponer de sus bienes libremente. No le ha ido mejor en el frente legal internacional, donde la negociación con la Santa Sede se ha dado en condiciones de franca debilidad, debido al alineamiento del Vaticano con la postura del Arzobispado, que culminó en un ultimátum que se vence el 8 de este mes.

En la arena política, la universidad ha logrado un amplio nivel de unidad interna frente a las pretensiones del Arzobispado, en defensa de lo que ha podido construir a lo largo de su historia: prestigio académico y niveles significativos de libertad académica. El riesgo  de una reforma estatutaria que le permita al actual Arzobispo poner o quitar rectores salteándose la ley universitaria consolidó a profesores, estudiantes y trabajadores. El optimismo para la tribuna de las autoridades de la PUC puede que no reflejase la apretada situación legal, pero se apoyaba en la unidad interna lograda hasta hoy, y tal vez haya coadyuvado a lograrla.

Fuera de la universidad, sin embargo, esta postura ha estado mucho más aislada. La PUC no es una institución que tenga muchos aliados y sí, más bien, muchos enemigos. La derecha política y mediática la considera poco menos que un nido de subversivos, y la caricaturiza como una gran facultad “caviar” de Ciencias Sociales tomada por posturas izquierdistas extremas. Desde la izquierda también se critica a la PUC como “caviar”, pero con una importante variación en el sentido peyorativo de esta palabra: la PUC sería una universidad de posturas políticas blandengues, cuna de reformistas acomodaticios que no merece defensa alguna.

¿Choque o negociación?

En ese contexto, las dos situaciones posibles de resolución del conflicto eran las siguientes:

(a) La total ruptura de la universidad con la Iglesia Católica, confiando en ganar sus actuales litigios con el Arzobispado y en ignorar las pretensiones de la Santa Sede, su transformación en una universidad diferente, que –entre otras cosas- no tendría autorización formal para llamarse Católica o para llevar el título de Pontificia. Si este fuera el resultado y las autoridades universitarias tuvieran éxito, la derrota del Arzobispado sería total, y la universidad entraría a una fase enteramente nueva de su historia, lo que motiva en algunos esperanza, en otros aprehensión.

(b) La imposición de la posición del Arzobispado y del Vaticano, por medio de una victoria legal, que les permitiría tomar plena posesión de los bienes de la universidad, cambiar los estatutos en forma directa y, con ellos, la forma de gobierno de la universidad. Esta opción conllevaría la derrota total de la comunidad universitaria e –igual que en la opción anterior- la completa transformación de la PUC en una institución distinta, probablemente en el molde de las universidades controladas por el Opus Dei.

John Nash, padre de la teoria de juegos.

En teoría de juegos, esa situación dicotómica se llama “de suma cero”, es decir, en la situación (a) la universidad gana todo y el arzobispado pierde todo, y en la (b) ocurre lo inverso. Dos carros se encuentran en la misma vía y en direcciones contrarias: sólo uno puede pasar primero y ambos aceleran, a ver quién desanima al otro. Puede ser que uno pase y el otro se detenga, pero puede ser también que choquen y ambos pierdan.

Ese es el esquema al que nos predispone nuestra cultura política: el Perú es un país de suma cero, donde la mayoría de conflictos se resuelven con la victoria momentánea de uno u otro, que solo atiza un conflicto futuro. El conflicto armado, los conflictos políticos, los conflictos sociales, hasta los desencuentros en el tráfico, se libran hasta su amargo final: negociar se ve como una muestra de debilidad, o como una falla moral.

Es posible, sin embargo, buscar una alternativa, lo que los adeptos a la teoría de juegos llamarían un equilibrio: identificar todos los resultados subóptimos (pierde la universidad, pierde el Arzobispado, pierden los dos) y también el de una situación en la que ambos ganan un poco pero evitan el riesgo de una derrota total.

Eso es, exactamente, lo que ocurrió con el acuerdo negociado y propuesto por el Rectorado a la Asamblea Universitaria. El rectorado acepta la premisa de su apurada situación legal y aconseja a la Asamblea optar por una salida que hace algunas concesiones a cambio de una ventaja importante: el fin de todos los litigios actuales. El arzobispado, tiene que haber llegado a la misma conclusión: el riesgo de perder existe, y el riesgo de enfrentar una permanente oposición de la comunidad universitaria es suficientemente serio, incluso ganando. En esas condiciones, ambos negocian, lo que es racional y autorizado por ambas partes, pero –en nuestra cultura política- es visto como una claudicación.

El debate sobre el acuerdo propuesto y el recule de Cipriani

Conocemos las reacciones en el mundo universitario, porque por naturaleza, la universidad es un espacio de debate. No conocemos lo que se ha debatido y –sin duda- se sigue discutiendo en el mundo eclesiástico. Podemos suponer sin embargo, que igual que en el mundo universitario hay quienes consideran la negociación una claudicación: debe haber maximalistas en el entorno del Arzobispo, convencidos de que iban a ganar en sede judicial y de que podían capear un par de años de protesta estudiantil, al amparo del control total de los bienes de la universidad.

Lo cierto es que el acuerdo negociado supone una concesión para la universidad, porque -en efecto- se acepta darle un trato especial a los bienes directos de la herencia de Riva Agüero y se formaliza el rol de la Iglesia en la elección de autoridades; pero también es una concesión del Arzobispado, porque desaparecen las pretensiones sobre todos los bienes adquiridos por la universidad más allá de la herencia de Riva Agüero y porque queda claro que su rol en la elección de autoridades es meramente de opinión, y no como sustituto de la Asamblea Universitaria. Puede debatirse razonablemente el mérito y peso relativo de ambas concesiones, pero no puede reducirse la situación a una caricatura, como lo ha hecho nuestra cada vez más paupérrima prensa, que, cazadora de titulares y acostumbrada al tratamiento sensacionalista de los conflictos, se ha apresurado a proclamar ganadores y perdedores.

La propuesta merece estudio. El rectorado ha negociado una salida constructiva en una situación muy compleja, algunos diríamos, adversa. La propuesta no termina en los escenarios (a) o (b) descritos arriba, sino en la formalización del estatus quo que ha sido el marco en el que la universidad ha construido todo lo que tiene hoy, en el terreno académico y economico.

Cualquiera que haya estudiado en la PUC y haya tenido alguna responsabilidad de gobierno universitario o representación estudiantil o sindical sabe que los candidatos a rector siempre se han consultado informalmente con la Iglesia; cualquiera sabe también que esa opinión no es un voto y que un rector opuesto por el Arzobispo puede ser elegido y gobernar (es el caso de Marcial Rubio) aunque el Arzobispo se niegue al ritual de la confirmación del cargo. Ninguna de las reformas estatutarias propuestas cambia esta situación; meramente formalizan el estatus quo y presentan un procedimiento transparente para que la Iglesia diga lo que quiera decir sobre los candidatos y luego la Asamblea elija en total libertad. No hay veto en absoluto. Otros cambios son cosméticos: frases declaratorias sobre el carácter de la universidad y de la educación católica que son perfectamente compatibles con su trayectoria histórica. Dentro de ese “estatus quo formalizado” la universidad puede seguir construyendo como antes, y manteniendo su libertad académica.

No fundó un convento, sino un centro de discusión. Caricatura de Carlín.

La nuez, sin embargo, no es la gobernabilidad o el carácter católico de la educación en la PUC. Eso, muy probablemente, era el interés fundamental del Vaticano, que está hace años buscando homogeneizar la identidad de las universidades católicas alrededor del mundo. Queda claro que para el Arzobispo de Lima, la cuestión de los bienes era tan o más importante: justo cuando las voces mediáticas o de las redes sociales buscaban la respuesta fácil de que la universidad había claudicado, perdido, o concedido, se viene a saber que Cipriani reniega del acuerdo.

Por versiones diversas, se sabe que Cipriani toma como excusa de su molestia la “filtración” del pre-acuerdo. Esto es una hoja de parra, por supuesto: era no solo inevitable, sino deseable que los miembros de la Asamblea Universitaria circulasen la propuesta, porque –al fin- la universidad es una comunidad y todos sus miembros tienen el derecho de opinar. Además, Cipriani acusa a la universidad de”filtrar” el acuerdo, convenientemente olvidando que fue su lado el que filtró a sus aliados de prensa la postura del conservador cardenal Erdo, enviado por el Papa como mediador. Fue por la prensa de derecha que nos enteramos de que Erdo estaba firmemente del lado de Cipriani y que no hubo mediación real, porque estaba enfurecido con la postura de la universidad de ampararse en la ley peruana.

Esto es una pataleta de Cipriani. Su apuesta es clara: se da cuenta de que el acuerdo propuesto le da victorias cosméticas y ahora pretende un arreglo en la hora undécima, sabiendo que tiene la ventaja del ultimátum vaticano de inminente vencimiento, y que con el embargo de facto de los bienes de la universidad puede apostar a una toma que escale el conflicto.

Al mismo tiempo, la nueva posición de Cipriani podría desnudar que no existe necesariamente una postura unificada del lado de la Iglesia:  una cosa es el interés en reafirmar el carácter católico de la PUC, y otra la cuestión de los bienes. Para Cipriani lo segundo parece ser la verdadera piedra de toque, habría que ver si esa es la postura de otros.

Es la comunidad universitaria la que debe decidir

Es imposible, de hecho, sería pretencioso decirle a la universidad qué hacer desde la posición de quien vive fuera del país y no tiene más vínculo que el afectivo con ella. Sería inaceptable erigirse en una especie de juez moral de quienes, desde el movimiento estudiantil y desde el cogobierno universitario enfrentan una situación crítica y el riesgo real de perder todo lo construido en décadas. A mi, personalmente, el acuerdo propuesto me parece razonable y si fuera miembro de la Asamblea Universitaria –con la información de que dispongo- probablemente lo aprobaría, pero no soy quién para hacerlo.

Eso sí: debe quedar claro que como exalumno y exprofesor, más aún, como persona formada en la PUC, la apoyaré –la apoyaremos muchos- en cualquiera de los escenarios posibles: ya sea que sufra el asalto legal de Cipriani, ya sea que se produzca una ruptura total con la Iglesia Católica, o bien que se logre una salida negociada. Está en manos de quienes hoy son la comunidad universitaria el decidir, el rol de nosotros, los exalumnos es el de opinar libremente, pero apoyar con firmeza.

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central - Diego Rivera

Pocas cosas son más tristes que el forzoso ejercicio del optimismo frente a un enfermo terminal. Frente a un reporte crítico, el médico toma unos lapiceritos de colores y dice “no está tan mal”; en el lecho del doliente, los amigos sonríen “¡pero si nos vas a enterrar a todos!”; unos y otros se refuerzan diciendo: “En estas cosas, la actitud positiva es lo que te sana.”

Cuando mi madre -como consecuencia de la dureza del tratamiento de cáncer- enfrentaba sus últimos días, algunos familiares y amigos, con la mejor intención del mundo, decidieron que no tenía por qué saber que estaba en la sala de cuidados intensivos, y quisieron hacerle creer que se trataba de otra, cuyo nombre no indicaba la gravedad de la situación. Alguien elaboró una enrevesada mentira blanca para hacerle creer que mi hermana y yo habíamos viajado a Lima por una increíble casualidad justo al día siguiente de su crisis. Incluso, después de recibir los santos óleos, no pudo menos que decirme, entre asombrada y divertida, que todas las reflexiones que había compartido con ella un gran amigo sacerdote tenían como tema la sanación y la buena salud.

¡Qué enorme es nuestra capacidad de piedad! En el umbral de la muerte, no podemos tolerar la posibilidad de herir a quien amamos y vemos sujeto a fuerzas que van más allá de su control. Hace algunos meses, el hermano de Carlos Iván Degregori publicó una bella y triste carta en la que pedía perdón a Carlos Iván, por no haber sido capaz de cumplir con la promesa de indicarle que el momento final había llegado.

Hoy, cuando varios líderes políticos latinoamericanos enfrentan el cáncer, la piedad, la negación y el miedo privados han adquirido calidad pública. Chávez oculta los datos médicos, pero se esfuerza en declarar que vivirá y vencerá. La familia Fujimori exagera la condición del ex-dictador para tentar su liberación. Lula y Cristina Fernández, a diferencia de Chávez, publican toda la información relevante, pero son igualmente optimistas. Los amigos que visitan a los enfermos son unánimes ante la prensa: todo va bien.

“Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal,” reza el silogismo; pero hemos decidido ignorar la conclusión. No sabemos morir. No se nos ocurre más que barrer debajo de la alfombra la realidad de nuestra propia, inevitable, individual desaparición. Si incluso líderes escuchados alrededor del mundo le dan un altavoz a las mentiras blancas o a las exageraciones interesadas ¿qué esperanza tenemos sus mortales hermanos, menos poderosos y menos cultivados, de enfrentar la sencilla verdad, la práctica realidad de un adiós?

Y, sin embargo, saber morir es necesario. Lo sabe cualquiera que tiene hijos y lee una póliza de seguros; lo sabe quien escucha los pros y contras de un tratamiento brutal y se pregunta si no será mejor disfrutar de una calidad de vida mejor, por el tiempo que quede. Pragmática como siempre, mi madre me dijo en sus últimas horas: “Si salgo de esta, me olvido del tratamiento y me voy a pasear con mis amigas. Y si no, pues tilín gallo, ¿qué le vamos a hacer?”

Cuando muere alguien que amas, lloras la ausencia, sin duda; pero también lloras la banalidad de las mentiras blancas, la futilidad de ese escenario teatral montado a la mala. Cuando tienes un momento para pensar te das cuenta de que los médicos no dijeron las cosas claras hasta que ya era demasiado tarde; o que los políticos prefieren mantenerte en la duda y en el falso optimismo para que nadie sepa qué hacer en el momento en que falten; o para que aceptes algo que normalmente no aceptarías.

Ya es bastante triste y duro el morirse, como para hacerlo más duro aún con insultos a nuestra inteligencia. Nos hacemos un favor egoísta con mentiras blancas cuyo destinatario somos nosotros, en realidad, y no el enfermo. Del mismo modo, es egoísta el favor que nos hace la actual cohorte de políticos latinoamericanos y su política pública de negación de la muerte. Conforme progresa nuestra región, más latinoamericanos llegan a viejos, y nos enfrentamos a problemas que hace un par de generaciones eran de última prioridad: pensiones justas; un sistema de salud que priorice bien; saber cuándo optar por tratamiento y cuándo optar por paliativos; cómo garantizar que el médico opte por tus intereses y no por los de su hospital. Nadie nos habla de eso. Somos, ya se sabe, consumidores, y creemos que nuestras tarjetas de plástico proclaman nuestra inmortalidad cuando –pobrecillos nosotros- sólo proclaman la inmortalidad del crédito.

Todos los que hemos visto a un ser querido partir por causa del cáncer debemos sentirnos ofendidos y entristecidos por el uso político frívolo que se hace de esta enfermedad. Se frivoliza cuando se usa el cáncer para insultar vilmente al enfermo; cuando se usa como pretexto para tratar de liberar a un miserable; cuando se fabrica noticias para negar que ciertos regímenes se sostienen en un caudillo y nada más.

Mi madre decía siempre “de algo se tiene que morir uno”, y seguía viviendo, maravillosamente. Mi abuelo dice todos los años: “este será el último brindis juntos”, y ahí sigue. No se puede vivir con intención, con autoconocimiento, con aventura, si no se sabe que nuestros días tienen un límite. No se construye un país de ciudadanos responsables, preparados para el futuro, de seres humanos amigos de uno y otro, si no se sabe apreciar nuestra fragilidad y nuestra contingencia. ¿Cuándo tendremos el coraje de decirle a alguien que queremos y de decirnos a nosotros mismos “debes prepararte”? ¿Será que alguno de nuestros líderes tendrá el coraje de decirnos “estoy preparado”?

Recordarán Uds. que cuando Mario Vargas Llosa decidió apoyar la candidatura de Ollanta Humala, las mismas voces de quienes lo adularon cuando recibió el Nobel, pasaron a insultarlo con la mayor bajeza. Las redes sociales se llenaron de la procacidad fácil que se escribe en un segundo y se envía con un clic. Ahora que el escritor ha firmado un manifiesto a favor de la fiesta taurina, ha vuelto a convertirse en el depositario de la furia trivial de la ciber-manada.

Alguien reacciona diciendo que Vargas Llosa “es un anciano decrépito, ya le queda poco tiempo afortunadamente”, expresa la fantasía de que muera y renazca en toro para ser torturado y culmina con esta valiente estupidez “¡Que no descanse en paz Vargas Llosa cuando llegue su hora!”; otro le llama “resentido social”; no falta el que le espeta un tradicional “conchesumare” y el que refina el insulto con el fulminante término “caviar”.

Pero no todo se queda en la pedrada virtual. Como la respuesta más lógica a un manifiesto firmado por intelectuales protaurinos debe de ser pedirle su opinión a un intelectual antitaurino, los que buscan criminalizar la tradición le piden su opinión al renombrado cantautor Salim Vera, quien responde con esta joya del pensamiento:

”Es fácil hablar cojudeces incluso para estos ‘intelectuales’ que con el floro de la ‘tradición’ justifican el asesinato de animales, tradición mis huevos, me cago encima de lo que llaman ‘arraigo popular’ y en todo caso me cago también en el Perú criollo, mestizo y andino si de defender a los animales se trata, me gustaría que esta sarta de idiotas se pusieran un día en el papel del toro, que fueran acuchillados torturados y maltratados hasta morir, ¿Cohesión? ¿Integración? ¿Cultura? No gracias, no necesito asesinar animales para integrarme y/o cohesionarme socialmente ni culturalmente.”

Cuando el Sr. Vera dice que es fácil hablar cojudeces, imagino que hace honesta alusión a sus inmortales composiciones, cuya fuerza lírica puede constatar cualquiera que las lea en este enlace. En todo caso, como este vate, la mayoría de los antitaurinos ha decidido convertir el insulto y la fantasía sangrienta en su argumento de fuerza.

David Galliquio - "La venganza del toro".

Ya lo he dicho varias veces: en el Perú hay una fatídica tendencia al comportamiento de jauría, al linchamiento contra un monstruo de turno. Dependiendo de la noticia, ese monstruo puede ser una muchacha cuyo enamorado se cayó al abismo o una presa que cumple su condena, una pareja homosexual o cualquier otro que la opinión mayoritaria considere un desviante y consagre como depositario de una violencia aceptable. Anteayer, Lori Berenson; ayer, Rosario Ponce, hoy los toreros.

Cansa el permanente estribillo soez, y la reiterada fantasía que invierte los roles del toro y el torero. ¿Es que no hay otros argumentos para dar el debate ético y legal sobre la tradición taurina? En Cataluña, el parlamento decidió al voto la prohibición de las corridas luego de un debate en el que cada parte dio su voz, invitó a expertos y preparó proyectos de ley alternativos. En Colombia, igualmente, la Corte Constitucional prohibió la expansión de las corridas a los lugares donde no exista la tradición, respondiendo a una acción de inconstitucionalidad presentada por los antitaurinos.

¿Es mucho pedir que el debate ocurra con razones? ¿Qué no se responda a un manifiesto con un cargamontón? Sospecho que la absoluta mayoría de quienes hacen un clic para divulgar su escupitajo siguen la faena diaria con un banquete de comida rápida, cortesía de la industria agropecuaria que trata a los animales de granja como minifábricas de carne y grasa. A estos antitaurinos de escritorio no les importa –en realidad- el buey castrado y maltratado que mastican en su hamburguesa, y tampoco el soberbio animal que muere en una plaza; simplemente buscan un referente externo que les permita disfrutar de una fugaz virtud farisea, arrojando la piedra al pecador de turno.

El pionero Peter Singer dice en “Liberación animal” que protestar contra las corridas de toros mientras se sigue comiendo huevos de gallinas que pasan sus vidas aglomeradas en jaulas “…es como denunciar el Apartheid en Sudáfrica pero asegurarse de que los vecinos no le vendan casas a compradores negros.” La hipocresía es demasiado evidente, pero hay quienes la reafirman con el argumento que lo que ocurre en los camales no se celebra en una fiesta: Dios perdona el pecado, pero no el escándalo.

Para que quede clara mi postura, soy taurino. Lo soy por tradición familiar, porque sé que es difícil serlo de otra manera. Mi abuelo me llevó de chico a los toros, del mismo modo que me enseñó a apreciar el boxeo. Ni la fiesta brava ni el boxeo son las aficiones más políticamente correctas del planeta. Más aún, están tan basadas en atavismos y patrones culturales del pasado, que debería ser fácil derrotarlas en un debate de argumentos racionales. No pienso llevar a mi hija a una plaza de toros; la afición familiar, muy probablemente, morirá conmigo, y no creo que sobreviva por muchas generaciones más: morirá por falta de publico, y la civilización buscará sus diversiones en el pacífico espectáculo del fútbol o en la solemne cacería de rebajas.
Pero, dicho eso, no puedo dejar de protestar contra la hipocresía, la arrogancia y la ignorancia de quienes reemplazan un argumento, que podría resultar en una obvia victoria, con la procacidad que destruye en un instante su supuesta superioridad moral.

La sentencia del Tribunal Supremo español absolviendo a Baltasar Garzón es una buena noticia solo en tanto que no contribuye a empeorar la situación en la que este se encuentra. Sin embargo, una lectura atenta de la misma causa una profunda decepción al constatarse la falta de creatividad y voluntad justiciera de tan alto tribunal.

Los magistrados reconocen la legitimidad de las exigencias de las víctimas del franquismo. Las víctimas —dice la sentencia— tienen el “derecho a saber” lo ocurrido con sus familiares, y su búsqueda de efectivo amparo se justifica. Por mayoría, los magistrados deciden que Garzón no hizo sino responder razonablemente a tal demanda, aunque utilizando un enfoque doctrinal que el Supremo no comparte y califica, por tanto, de “error”. El tribunal se muestra al día en relación a tendencias modernas y se hace parte de una creciente jurisprudencia en torno al “derecho a la verdad” (también denominado, en otros países, “derecho a saber” o “derecho al duelo”). Lamentablemente, opta por una interpretación empobrecida de este derecho y lo limita a una “verdad histórica”: un ejercicio académico abierto a interpretación y debate, que corresponde a los historiadores, no a los jueces.

El trabajo de los tribunales de justicia, dice el Supremo, se limita a esclarecer la “verdad judicial”, entendida como la determinación de la responsabilidad penal del encausado, y nada más. Para defender sus derechos, las víctimas deben conformarse con el marco legal doméstico que la evolución política de España hizo posible y no con el marco legal internacional que el mismo tribunal reconoce como resultado del progreso de la civilización.

Tan conservadora postura es inexplicable en un país en el que —precisamente como efecto de un marco legal insuficiente o negador de derechos— no se tiene siquiera una cifra oficial de muertos y desaparecidos. Inexplicable es también que el Supremo arrincone como “verdad histórica” el pedido concreto de los familiares de los represaliados. Ellos han dicho con transparencia que no buscan un libro de historia para sus anaqueles: buscan restos humanos ilegalmente ocultados, para llorarlos. Es el reclamo de Antígona al rey Creonte, quien no permitía el entierro digno del combatiente derrotado; es un mero signo de civilización que acompaña a la humanidad desde que esta es tal.

Para el Supremo, sin embargo, la identificación legal de los desaparecidos, esto es, la recuperación de su identidad como ciudadanos españoles, es asunto sobre el que la justicia no tiene competencia. El tribunal se niega siquiera a considerar la opción de “juicios de la verdad” para esclarecer los hechos, tal como ocurriese en Argentina durante los años de vigencia de las leyes de amnistía, y lo hace apelando a razones meramente doctrinarias: tal modelo no encaja con la concepción del derecho penal de los magistrados.

Quizá este proceso se recuerde en el futuro, no por la sentencia absolutoria, sino por haber sido la primera vez en que las víctimas tuvieron la oportunidad de declarar y ser reconocidas como tales frente a un tribunal de su propio país. Pero es penoso constatar que el tribunal recibe esas voces solo a título de inventario; remite a las víctimas a tentar suerte en las contingencias de la política parlamentaria y les da una condescendiente lección de derecho penal.

Triste situación para un Tribunal Supremo: declararse impotente para amparar un principio básico de la civilización y —como consecuencia— reducir el esfuerzo de Garzón de servir a la justicia a un mero error interpretativo; una chapuza de estudiante confundido. El magistrado discrepante, José Manuel Maza Martín —que hubiera condenado a Garzón— incluso se indigna de haber tenido que escuchar a las víctimas: le parece una prueba “ociosa”, una vergüenza “que se haya podido plantear siquiera la duda” de que los jueces creyeran en la validez de sus derechos. Pero, igual que la mayoría, su forma de reconocer tal derecho es negarlo.

Supongo que si las víctimas tuvieran una segunda oportunidad de aparecer ante el tribunal repetirían, con Antígona, que los decretos del poder no pueden tener “tanta fuerza como para permitirle al hombre ignorar las leyes no escritas, inmutables, de los dioses; pues su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre”. En tanto España siga ignorando sus obligaciones, en tanto se obstine en ser un Creonte impotente para corregir su propia injusticia, tendrá que seguir escuchando esas palabras.

Publicado originalmente en “El Pais” 15 de marzo de 2012
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“Que lo maten” o “no merece vivir” son las expresiones más usadas en las secciones de comentarios de los periódicos, o en las redes sociales, a propósito de la captura de “Artemio”, el líder de la columna senderista del Alto Huallaga.

Esta fantasía asesina y linchadora emerge cada cierto tiempo, alrededor de alguna figura o conducta que se convierten en enemigo público. Parece que los peruanos no podemos vivir sin la presencia permanente de algún chivo expiatorio en el que descargar miedos y frustraciones: Lori Berenson, Johan Van Der Sloot o Rosario Ponce, da igual; lo importante es encontrar a alguien en quien descargar odio sea socialmente aceptable.

Como el “enemigo público” es generalmente alguien que cae en el amplio espectro que va desde los subversivos hasta los meramente inconformes, a veces parecería que la violencia verbal es derechista. Pero basta darse una vuelta por los vecindarios progres para encontrar que parecida brutalidad se reserva para los curas, las corridas de toros, y algunos personajes de la derecha.

Con tal clima mental, llama a asombro que el ejército de un país así haya capturado vivo a “Artemio”. Su tratamiento luego de la captura, con atención médica y (hasta ahora) sin exhibiciones infamantes, es un voto a favor de la civilización. Sólo cabe pensar que, si hay una orden clara de respetar la vida de quienes están fuera de combate, un grupo disciplinado la cumplirá. Soldados y policías no pueden ser personas cualquiera con un arma. Se supone que son profesionales en el uso y en el control de la violencia física. Que no hayan matado al líder senderista demuestra que es posible tener ese tipo de fuerza pública.

Ya había ocurrido antes, cuando se capturó a Abimael Guzmán, y ha vuelto a ocurrir ahora. Es posible, entonces. Más aún, debería ser lo normal, porque un miembro de la fuerza pública es un profesional y no un adolescente fantaseando frente al teclado. Toda fuerza armada que se respete debe seguir un cierto código de ética, un “honor militar” que ensalza el combate de igual a igual, no contra el herido, el rendido o el civil.

La obligación de respetar ese principio ético, consagrado legalmente en el derecho humanitario, es lo que distingue a una fuerza que defiende la legalidad de una que no lo hace. Una fuerza armada que no toma prisioneros, como ocurrió en Los Molinos, durante el primer gobierno de García; o en la residencia del embajador del Japón, como ocurrió durante el gobierno de Fujimori, se pone al nivel de los criminales. ¿No fue Sendero quien mató a policías rendidos, luego de la toma de Uchiza? ¿No fue el MRTA el que mató a secuestrados inermes?

Pero, si no bastase con los principios, respetar la vida también es lo más efectivo y pragmático: la captura con vida de Guzmán –probablemente el personaje más odiado en la historia del Perú- dio lugar a una de las victorias más importantes en la lucha contra Sendero, cuando el “presidente Gonzalo” capituló ante Fujimori, luego de sólo un año de adulación, administrada hábilmente –hay que reconocerlo- por Montesinos. Por el contrario, obedecer al instinto de muerte, a la opinión más retrógrada e inmoral, sólo empeora las cosas: fue la masacre de los penales en 1986, la que radicalizó el conflicto y le dio mártires a Sendero; fue la idéntica masacre del penal de Cantogrande la causa de sentencias adversas en la Corte Interamericana.

La fantasía de aniquilar a algún enemigo, cuando se une a la orden criminal de matar rendidos nos barbariza, nos retarda, nos mantiene asustados; siempre a la defensiva y dispuestos a creer en cualquier espantapájaros fabricado desde el poder. Habrá que ver lo que ocurre luego de que “Artemio” sea puesto a disposición de la justicia: ¿será que los líderes de opinión vuelven a usar su púlpito para llamar a la venganza, o para educar sobre la función de la justicia? ¿será que se usa esta captura para mantener vivo el cuco o para desactivar las fantasías exterminatorias?

Aclaración e invocación a la razonabilidad

Primero, una aclaración, para cortar de entrada las falacias personalistas que suelen ocurrir en estos debates: no compro reproducciones “piratas”. Veo películas en clubes de video o por Netflix, un servicio pagado; compro música en CDs o en iTunes y leo libros en formato físico.

Lo hago por conveniencia: las veces que he visto reproducciones ilegales me ha quedado claro que la calidad es mínima, hasta el punto de afectar el contenido mismo. Si una página aparece borroneada de tinta en medio de una novela, o si un CD tiene 500 canciones con números y ttulos que las hacen irreconocibles, el material mismo se ha vuelto absolutamente inutilizable. Lo hago también porque puedo: soy parte de la cada vez más minoritaria parte de la población mundial que puede dedicar fondos a la cultura y al entretenimiento.

Que quede claro que no lo hago por ninguna superioridad moral sobre quien compra discos ilegales. No considero en absoluto que quienes se desgañitan en estos días en defensa de los malhadados proyectos antipiratería tengan la menor superioridad moral sobre quienes defendemos la mayor libertad posible en la Internet y una revisión histórica y profunda del concepto de propiedad intelectual.

Desgraciadamente, quienes se han pronunciado en las últimas semanas contra el nebuloso concepto de “piratería”, lo han hecho en forma acrítica.

Es acrítico, por ejemplo, utilizar el concepto de “piratería” como lo usa Gustavo Faverón, quien se solaza ridiculizando un rival espantapájaros que él deduce de la opinión agregada de las redes sociales. De hecho, defiende el uso del término y se rehúsa a caer en la trampa de quienes lo “rebautizan con algún nombre menos hiriente”.

Con estas actitudes, la discusión se vuelve semántica y se entrampa, igual que otras situaciones, en donde no hay forma de empezar a pensar razonablemente porque una de las posiciones en el debate insiste en que todo se convierta en una letanía unánime alrededor de palabras como “terrorismo”, “narcotráfico”, “inmigración ilegal”: si usas un “nombre menos hiriente” que terrorismo, es porque eres un terruco; si se te ocurre que haya alternativa a la mera represión de la coca, eres un narco; si crees que la migración legal es un problema económico y no policial, eres un antipatriota.

Debatir sobre un tema por naturaleza novedoso y complejo, debería hacer que todos admitiésemos nuestras propias perplejidades por un mínimo de honestidad intelectual.

El problema no se resuelve con fórmulas represivas

El problema del control o no de la circulación de propiedad intelectual en la Internet no puede discutirse satisfactoria y productivamente como un mero asunto de aplicación del derecho penal o de las valoraciones éticas subjetivas.

Esto es así porque las conductas penales se definen siempre en un determinado contexto social e histórico, y porque en momentos de cambios tecnológicos y productivos profundos, es posible que lo que ayer se consideraba delito o conducta condenable, hoy deje de serlo.

Así, por ejemplo, en las sociedades occidentales feudales basadas en el trabajo agrícola, se consideraba un pecado la aplicación de intereses a los préstamos de dinero. Exigir dinero por el préstamo un bien en sí mismo improductivo, como el oro, constituía el pecado de la usura y estaba tan mal visto que se permitía su ejercicio solamente a minorías estigmatizadas y perseguidas como los judíos. Lo mismo ocurría con actividades como el juego y las apuestas, que no creaban riqueza sino que hacían que unos medren de la pérdida de otros. Con el desarrollo del capitalismo y la necesidad de desarrollar un mercado de capitales para financiar la producción a escala grande, la usura y la especulación perdieron su carácter inmoral y delictivo y se volvió –por el contrario- una actividad prestigiosa y legal.

Lo mismo, actividades que hoy son prestigiosas pueden llegar a considerarse mañana infamantes. En el medievo, vivir de las rentas de la tierra, sin trabajar, era considerado una gracia divina. Fueron el capitalismo y su moral puritana las que condenaron el rentismo como teoría económica y como conducta personal. Con una gran excepción: la renta de la propiedad intelectual por la cual alguien que canta un reguetón exitoso el día de hoy puede vivir de sus regalías los próximos 20 años.

La reproductibilidad técnica de las obras escritas, a partir del Renacimiento, dejó sin trabajo a miles de monjes escribas en Europa; del mismo modo que la creación de los telares automáticos echó a la calle a miles de artesanos ingleses en el siglo XVIII. Pero ambos cambios productivos afectaron además la ideología de las sociedades donde ocurrieron, en un terreno fundamental: el de la noción de propiedad. El artesano escritor o juglar se volvió rentista, en tanto que el artesano tejedor se volvió desempleado expropiado de sus medios de producción y de su estilo creativo.

Hoy vivimos un salto tecnológico absolutamente novedoso: lo que ayer se podía reproducir solamente por medios mecánicos, ahora se puede reproducir por medios electrónicos a una fracción del costo de los medios mecánicos, y -lo que es más novedoso- los medios de circulación de la información crecen en universalización y eficiencia, en proporciones geométricas.

En esa situación, los rentistas de ayer se sienten amenazados y atacan las nuevas tecnologías. Imaginen Uds. una sociedad feudal donde los tejedores hubieran sido más poderosos y hubieran decidido que los telares de vapor podían reproducir géneros solamente con el previo pago de una regalía a los artesanos por cada pieza, so pena de confiscación del telar e intervención de la policía. Imaginen Uds. a un escritor simpatizante de los artesanos que escribiese artículos condenando a los usuarios de ropa producida en telares automatizados como inmorales de mal gusto que roban a los artesanos el fruto de sus esfuerzos y se visten con porquerías de menor calidad.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy: hay quienes piensan que el modo de producción y reproducción en el que vivieron hasta ahora es inmutable y que las ideologías pertinentes a ese mundo tienen una existencia incambiable, abstracta, ahistórica y que sólo cabe su defensa moral y policial.

Alguien ha dicho (seguramente uno de mis amigos cercanos) que la existencia de la tecnología que posibilita una acción no hace esa acción moral o aceptable. Por supuesto. Pero lo contrario tampoco es cierto; es decir, no la hace inmoral o inaceptable. Por lo que hemos dicho arriba: el cambio tecnológico en sí mismo es amoral, son las sociedades reaccionando frente a ese cambio las que deciden si estigmatizan (y penalizan) una cierta conducta.

El extremismo y la haraganería de los rentistas intelectuales

Revisen Uds. cualquier libro que tengan a la mano: la primera cosa que encuentran en la contratapa es la prohibición absoluta de reproducción por cualquier medio mecánico, megnetofónico o informático. Las fotocopiadoras que existen en cada universidad del planeta son –automáticamente- un instrumento delictivo, y el alumno que fotocopia un libro que no puede comprar es un criminal.

Por supuesto, cada vez que un alumno (y son millones) fotocopia un capítulo está dejando de generar renta para un autor. ¿Eso convierte en un delincuente al alumno, a sus profesores, a su universidad? Juzgando al pie de la letra, sí: lo convierte en un ratero que usa y aprovecha el trabajo ajeno enriqueciendo no al autor sino a la empresa Xerox. Ese extremismo irrazonable es lo que ha causado que el derecho de la propiedad intelectual se ignore cotidianamente al punto que nadie pestañee ante la posibilidad de bajar un archivo de Internet.

Los rentistas intelectuales no se conforman con crear una situación insostenible e inaplicable con la excesiva penalización, sino que –además- quisieran que cada persona se convirtiera en un policía a su servicio. Como la orden legal de no fotocopiar, no bajar de la red, no compartir archivos, es absolutamente no vigilable e inaplicable, deciden convertirla en un estigma personal que hace de cada usuario un potencial bandido; tratando del mismo modo al sinvergüenza que reproduce un ensayo ajeno como si fuera suyo, y al estudiante que hace una fotocopia para estudiar toda la noche; al que se hace rico con un imperio en Internet y al padre de familia que quiere ver una película con sus hijos.

Parte de la estrategia culposa del rentismo intelectual es satanizar a los “piratas”. Gustavo Faverón, así se burla de los ridículos libertarios de la red presentando como su ídolo al patético Dotcom. Seguramente, implica Gustavo, un tipo cuya apariencia personal no conforma con los ideales estéticos de la cultura de masas, y cuyo estilo de vida nos parece condenable, tiene que ser –además- culpable de cualquier cosa que digan los fiscales que ordenaron su arresto. Como Dotcom no vive en una covacha, quienes defienden la libertad de intercambiar información en la red son unos tontos útiles.

Esa lógica no resiste la paradoja más sencilla que es la inversión: personas inteligentes, éticas y trabajadoras como Gustavo Faverón no están defendiendo al posible autor sacrificado, al poeta hambriento que vive en un altillo y ve como sus regalías desaparecen por culpa de Dotcom. A quien defiende, sin saberlo, es a un ignorante, haragán y adicto que tuvo la suerte de cantar en los 70 una canción famosa y hoy sigue cobrando regalías por esos quince minutos de fama. Defiende también a corporaciones que movilizan ejércitos de abogados para proteger la renta que derivan de patentes sobre bienes de interés público, como medicinas y cultura.

Algunas empresas han buscado soluciones al problema de encontrar un equilibrio razonable: el sistema de uso legal de videos en Hulu o Netflix, o de uso legal de música en iTunes, junto a la creación de nuevas plataformas de acceso a la Internet están buscando adaptarse a los nuevos modos de circulación y consumo cultural manteniendo márgenes de ganancia viables para los productores. El énfasis en la calidad del producto y en la elevación de los estándares del consumidor requiere más trabajo y aplicación que la mera grita represiva. Pero ¿para qué esforzarse en encontrar salidas tecnológicas viables si uno puede hacer lo haragán y compatible con el estilo de vida rentista, y llamar a la policía?

Una mujer no es un árbol de peras
inconciente y fecundo del que caen los frutos
al mundo. Hasta los perales
se llenan un año y descansan al siguiente.
En los huertos descuidados cae la fruta
tibia y madura en el pasto, y los árboles se elevan
nudosos para regalo de los pájaros, a cuarenta pies de altura
entre espinas de una pulgada de largo,
que estallan con atavismo en la suave madera.  

Una mujer no es una canasta en la que escondes
tus panecillos para mantenerlos calientes. No es una gallina
ponedora bajo la que deslizas huevos de pato.
No es la bolsa donde guardas el dinero
de tus hijos para usarlo después en tus guerras.
No es un banco donde tus genes ganan intereses
y mutaciones interesantes bajo esta lluvia
sucia. Tú tampoco lo eres.  

Siembras maíz y lo cosechas
para comer o vender. Llevas las ovejas
a engordar a los pastos para enviarlas después
al matadero, por la carne. Partes la montaña
en dos para abrir un camino, excavas
las altas mesetas por carbón y dejas las aguas
barrosas por millas, por años.
Y los peces mueren, pero no son tuyos
hasta que te los quieres comer.

Pero ahora quieres legislar derechos mineros sobre la mujer.
Reclamas títulos sobre sus pastizales, para engordar el ganado;
sobre sus campos, para cultivar bebés como si fueran
lechugas. Y amas a los niños tan profundamente
que ninguno sufre hambre, ninguno llora
sin que le atiendan cuando la madre
trabaja, a ninguno le falta fruta fresca,
ninguno mastica plomo o tose hasta morir.
Y tus orfanatos están vacíos. Seguro que cada mediodía
tus mejores restaurantes le sirven bistec a los niños pobres.

En este mismo momento, a las nueve, una partera
le hace, sobre una mesa, un aborto
a una madre soltera de Texas que no puede obtener ayuda
del seguro. En cinco días morirá
de tétanos, y su niña llorará
y será llevada lejos. En la casa de al lado, el marido
y la mujer le clavan alfileres al hijo
que no quisieron. Y le explicarán
por horas lo malo que es,
y cómo le hace falta un poco de disciplina.

Todos nacemos de mujer, en la rosa
del vientre mamamos la sangre de la madre
y cada bebé que nace tiene el derecho de que lo amen,
como cada planta tiene derecho al sol. Cada niño que nace
sin amor es una deuda que ha de cobrarse
en veinte años con intereses, un odio
en busca de su blanco, un dolor
que causará dolor. Diez años de agua bajo los puentes
un niño grita, una mujer cae, una sinagoga es incendiada,
se forma un pelotón de fusilamiento, se aprieta
un botón rojo y el mundo arde.

Yo escojo lo que entra en mí; lo que se vuelve
carne de mi carne. Sin mis opciones, no viven la política
ni la ética. Yo no soy tu campo de maíz
ni tu mina de uranio; no soy tu ternera
de engorde, tu vaca de leche.
No me usarás como fábrica.
Los curas y los congresistas no son dueños
de acciones sobre mi vientre o mi mente.
Este es mi cuerpo. Si te lo doy
quiero que me lo devuelvas. Mi vida
es un derecho no negociable.

De “The Moon is Always Female” Traducción – Eduardo González Cueva