La torre de marfil

Aclaración e invocación a la razonabilidad

Primero, una aclaración, para cortar de entrada las falacias personalistas que suelen ocurrir en estos debates: no compro reproducciones “piratas”. Veo películas en clubes de video o por Netflix, un servicio pagado; compro música en CDs o en iTunes y leo libros en formato físico.

Lo hago por conveniencia: las veces que he visto reproducciones ilegales me ha quedado claro que la calidad es mínima, hasta el punto de afectar el contenido mismo. Si una página aparece borroneada de tinta en medio de una novela, o si un CD tiene 500 canciones con números y ttulos que las hacen irreconocibles, el material mismo se ha vuelto absolutamente inutilizable. Lo hago también porque puedo: soy parte de la cada vez más minoritaria parte de la población mundial que puede dedicar fondos a la cultura y al entretenimiento.

Que quede claro que no lo hago por ninguna superioridad moral sobre quien compra discos ilegales. No considero en absoluto que quienes se desgañitan en estos días en defensa de los malhadados proyectos antipiratería tengan la menor superioridad moral sobre quienes defendemos la mayor libertad posible en la Internet y una revisión histórica y profunda del concepto de propiedad intelectual.

Desgraciadamente, quienes se han pronunciado en las últimas semanas contra el nebuloso concepto de “piratería”, lo han hecho en forma acrítica.

Es acrítico, por ejemplo, utilizar el concepto de “piratería” como lo usa Gustavo Faverón, quien se solaza ridiculizando un rival espantapájaros que él deduce de la opinión agregada de las redes sociales. De hecho, defiende el uso del término y se rehúsa a caer en la trampa de quienes lo “rebautizan con algún nombre menos hiriente”.

Con estas actitudes, la discusión se vuelve semántica y se entrampa, igual que otras situaciones, en donde no hay forma de empezar a pensar razonablemente porque una de las posiciones en el debate insiste en que todo se convierta en una letanía unánime alrededor de palabras como “terrorismo”, “narcotráfico”, “inmigración ilegal”: si usas un “nombre menos hiriente” que terrorismo, es porque eres un terruco; si se te ocurre que haya alternativa a la mera represión de la coca, eres un narco; si crees que la migración legal es un problema económico y no policial, eres un antipatriota.

Debatir sobre un tema por naturaleza novedoso y complejo, debería hacer que todos admitiésemos nuestras propias perplejidades por un mínimo de honestidad intelectual.

El problema no se resuelve con fórmulas represivas

El problema del control o no de la circulación de propiedad intelectual en la Internet no puede discutirse satisfactoria y productivamente como un mero asunto de aplicación del derecho penal o de las valoraciones éticas subjetivas.

Esto es así porque las conductas penales se definen siempre en un determinado contexto social e histórico, y porque en momentos de cambios tecnológicos y productivos profundos, es posible que lo que ayer se consideraba delito o conducta condenable, hoy deje de serlo.

Así, por ejemplo, en las sociedades occidentales feudales basadas en el trabajo agrícola, se consideraba un pecado la aplicación de intereses a los préstamos de dinero. Exigir dinero por el préstamo un bien en sí mismo improductivo, como el oro, constituía el pecado de la usura y estaba tan mal visto que se permitía su ejercicio solamente a minorías estigmatizadas y perseguidas como los judíos. Lo mismo ocurría con actividades como el juego y las apuestas, que no creaban riqueza sino que hacían que unos medren de la pérdida de otros. Con el desarrollo del capitalismo y la necesidad de desarrollar un mercado de capitales para financiar la producción a escala grande, la usura y la especulación perdieron su carácter inmoral y delictivo y se volvió –por el contrario- una actividad prestigiosa y legal.

Lo mismo, actividades que hoy son prestigiosas pueden llegar a considerarse mañana infamantes. En el medievo, vivir de las rentas de la tierra, sin trabajar, era considerado una gracia divina. Fueron el capitalismo y su moral puritana las que condenaron el rentismo como teoría económica y como conducta personal. Con una gran excepción: la renta de la propiedad intelectual por la cual alguien que canta un reguetón exitoso el día de hoy puede vivir de sus regalías los próximos 20 años.

La reproductibilidad técnica de las obras escritas, a partir del Renacimiento, dejó sin trabajo a miles de monjes escribas en Europa; del mismo modo que la creación de los telares automáticos echó a la calle a miles de artesanos ingleses en el siglo XVIII. Pero ambos cambios productivos afectaron además la ideología de las sociedades donde ocurrieron, en un terreno fundamental: el de la noción de propiedad. El artesano escritor o juglar se volvió rentista, en tanto que el artesano tejedor se volvió desempleado expropiado de sus medios de producción y de su estilo creativo.

Hoy vivimos un salto tecnológico absolutamente novedoso: lo que ayer se podía reproducir solamente por medios mecánicos, ahora se puede reproducir por medios electrónicos a una fracción del costo de los medios mecánicos, y -lo que es más novedoso- los medios de circulación de la información crecen en universalización y eficiencia, en proporciones geométricas.

En esa situación, los rentistas de ayer se sienten amenazados y atacan las nuevas tecnologías. Imaginen Uds. una sociedad feudal donde los tejedores hubieran sido más poderosos y hubieran decidido que los telares de vapor podían reproducir géneros solamente con el previo pago de una regalía a los artesanos por cada pieza, so pena de confiscación del telar e intervención de la policía. Imaginen Uds. a un escritor simpatizante de los artesanos que escribiese artículos condenando a los usuarios de ropa producida en telares automatizados como inmorales de mal gusto que roban a los artesanos el fruto de sus esfuerzos y se visten con porquerías de menor calidad.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy: hay quienes piensan que el modo de producción y reproducción en el que vivieron hasta ahora es inmutable y que las ideologías pertinentes a ese mundo tienen una existencia incambiable, abstracta, ahistórica y que sólo cabe su defensa moral y policial.

Alguien ha dicho (seguramente uno de mis amigos cercanos) que la existencia de la tecnología que posibilita una acción no hace esa acción moral o aceptable. Por supuesto. Pero lo contrario tampoco es cierto; es decir, no la hace inmoral o inaceptable. Por lo que hemos dicho arriba: el cambio tecnológico en sí mismo es amoral, son las sociedades reaccionando frente a ese cambio las que deciden si estigmatizan (y penalizan) una cierta conducta.

El extremismo y la haraganería de los rentistas intelectuales

Revisen Uds. cualquier libro que tengan a la mano: la primera cosa que encuentran en la contratapa es la prohibición absoluta de reproducción por cualquier medio mecánico, megnetofónico o informático. Las fotocopiadoras que existen en cada universidad del planeta son –automáticamente- un instrumento delictivo, y el alumno que fotocopia un libro que no puede comprar es un criminal.

Por supuesto, cada vez que un alumno (y son millones) fotocopia un capítulo está dejando de generar renta para un autor. ¿Eso convierte en un delincuente al alumno, a sus profesores, a su universidad? Juzgando al pie de la letra, sí: lo convierte en un ratero que usa y aprovecha el trabajo ajeno enriqueciendo no al autor sino a la empresa Xerox. Ese extremismo irrazonable es lo que ha causado que el derecho de la propiedad intelectual se ignore cotidianamente al punto que nadie pestañee ante la posibilidad de bajar un archivo de Internet.

Los rentistas intelectuales no se conforman con crear una situación insostenible e inaplicable con la excesiva penalización, sino que –además- quisieran que cada persona se convirtiera en un policía a su servicio. Como la orden legal de no fotocopiar, no bajar de la red, no compartir archivos, es absolutamente no vigilable e inaplicable, deciden convertirla en un estigma personal que hace de cada usuario un potencial bandido; tratando del mismo modo al sinvergüenza que reproduce un ensayo ajeno como si fuera suyo, y al estudiante que hace una fotocopia para estudiar toda la noche; al que se hace rico con un imperio en Internet y al padre de familia que quiere ver una película con sus hijos.

Parte de la estrategia culposa del rentismo intelectual es satanizar a los “piratas”. Gustavo Faverón, así se burla de los ridículos libertarios de la red presentando como su ídolo al patético Dotcom. Seguramente, implica Gustavo, un tipo cuya apariencia personal no conforma con los ideales estéticos de la cultura de masas, y cuyo estilo de vida nos parece condenable, tiene que ser –además- culpable de cualquier cosa que digan los fiscales que ordenaron su arresto. Como Dotcom no vive en una covacha, quienes defienden la libertad de intercambiar información en la red son unos tontos útiles.

Esa lógica no resiste la paradoja más sencilla que es la inversión: personas inteligentes, éticas y trabajadoras como Gustavo Faverón no están defendiendo al posible autor sacrificado, al poeta hambriento que vive en un altillo y ve como sus regalías desaparecen por culpa de Dotcom. A quien defiende, sin saberlo, es a un ignorante, haragán y adicto que tuvo la suerte de cantar en los 70 una canción famosa y hoy sigue cobrando regalías por esos quince minutos de fama. Defiende también a corporaciones que movilizan ejércitos de abogados para proteger la renta que derivan de patentes sobre bienes de interés público, como medicinas y cultura.

Algunas empresas han buscado soluciones al problema de encontrar un equilibrio razonable: el sistema de uso legal de videos en Hulu o Netflix, o de uso legal de música en iTunes, junto a la creación de nuevas plataformas de acceso a la Internet están buscando adaptarse a los nuevos modos de circulación y consumo cultural manteniendo márgenes de ganancia viables para los productores. El énfasis en la calidad del producto y en la elevación de los estándares del consumidor requiere más trabajo y aplicación que la mera grita represiva. Pero ¿para qué esforzarse en encontrar salidas tecnológicas viables si uno puede hacer lo haragán y compatible con el estilo de vida rentista, y llamar a la policía?

Una mujer no es un árbol de peras
inconciente y fecundo del que caen los frutos
al mundo. Hasta los perales
se llenan un año y descansan al siguiente.
En los huertos descuidados cae la fruta
tibia y madura en el pasto, y los árboles se elevan
nudosos para regalo de los pájaros, a cuarenta pies de altura
entre espinas de una pulgada de largo,
que estallan con atavismo en la suave madera.  

Una mujer no es una canasta en la que escondes
tus panecillos para mantenerlos calientes. No es una gallina
ponedora bajo la que deslizas huevos de pato.
No es la bolsa donde guardas el dinero
de tus hijos para usarlo después en tus guerras.
No es un banco donde tus genes ganan intereses
y mutaciones interesantes bajo esta lluvia
sucia. Tú tampoco lo eres.  

Siembras maíz y lo cosechas
para comer o vender. Llevas las ovejas
a engordar a los pastos para enviarlas después
al matadero, por la carne. Partes la montaña
en dos para abrir un camino, excavas
las altas mesetas por carbón y dejas las aguas
barrosas por millas, por años.
Y los peces mueren, pero no son tuyos
hasta que te los quieres comer.

Pero ahora quieres legislar derechos mineros sobre la mujer.
Reclamas títulos sobre sus pastizales, para engordar el ganado;
sobre sus campos, para cultivar bebés como si fueran
lechugas. Y amas a los niños tan profundamente
que ninguno sufre hambre, ninguno llora
sin que le atiendan cuando la madre
trabaja, a ninguno le falta fruta fresca,
ninguno mastica plomo o tose hasta morir.
Y tus orfanatos están vacíos. Seguro que cada mediodía
tus mejores restaurantes le sirven bistec a los niños pobres.

En este mismo momento, a las nueve, una partera
le hace, sobre una mesa, un aborto
a una madre soltera de Texas que no puede obtener ayuda
del seguro. En cinco días morirá
de tétanos, y su niña llorará
y será llevada lejos. En la casa de al lado, el marido
y la mujer le clavan alfileres al hijo
que no quisieron. Y le explicarán
por horas lo malo que es,
y cómo le hace falta un poco de disciplina.

Todos nacemos de mujer, en la rosa
del vientre mamamos la sangre de la madre
y cada bebé que nace tiene el derecho de que lo amen,
como cada planta tiene derecho al sol. Cada niño que nace
sin amor es una deuda que ha de cobrarse
en veinte años con intereses, un odio
en busca de su blanco, un dolor
que causará dolor. Diez años de agua bajo los puentes
un niño grita, una mujer cae, una sinagoga es incendiada,
se forma un pelotón de fusilamiento, se aprieta
un botón rojo y el mundo arde.

Yo escojo lo que entra en mí; lo que se vuelve
carne de mi carne. Sin mis opciones, no viven la política
ni la ética. Yo no soy tu campo de maíz
ni tu mina de uranio; no soy tu ternera
de engorde, tu vaca de leche.
No me usarás como fábrica.
Los curas y los congresistas no son dueños
de acciones sobre mi vientre o mi mente.
Este es mi cuerpo. Si te lo doy
quiero que me lo devuelvas. Mi vida
es un derecho no negociable.

De “The Moon is Always Female” Traducción – Eduardo González Cueva

Estuve paseando en Atenas ayer, con Sócrates, Sinesiotas y Damertón, discutiendo sobre el concepto de la justicia y haciendo las compras de fin de año. Cargados de regalos, nuestro plan era visitar después a Nicolópulos para probar unos vinos macedonios que están buenazos y un plato de hueveras crudas de esturión. Pero he aquí que, cuando nos disponíamos a dejar el mall de los fenicios, nos alcanzó un meteco para decirnos que su amo, Nicolópulos, no estaba en casa, sino en el ágora, escuchando a un sofista llamado Ollántides, y que nos rogaba que le hiciéramos la taba.

Sócrates, que ha hecho de su vida una permanente búsqueda de la sabiduría, dijo “ya chuparemos después”, y se encaminó, animoso, al ágora, donde encontramos a una multitud de guerreros rodeando al tal Ollántides mientras este argumentaba en contra del voto militar y a favor del servicio militar obligatorio.

“Los hoplitas son guardianes socráticos de la república,” afirmaba Ollántides “deben estar alejados de las pasiones partidarias de la política. Sostengo además que el servicio militar obligatorio debe volver a instalarse…” y hubiera seguido hablando de no ser porque –al ver llegar a Sócrates- los guerreros hicieron un barullo y abrieron campo mientras los más carboneros empezaban a gritar “¡mechadera, mechadera!”

“¡Por Zeus!” dijo Ollántides, “veo que nos visita el ilustre Sócrates, cuyas teorías –precisamente he estado citando. Sé bienvenido, oh Sócrates el más sabio de los mortales, a esta asamblea nacionalista.”

“Detén tus corceles, Ollántides,” dijo Sócrates, “no puedo dejar que me llames el más sabio de los hombres a mí, que nada sé, y por eso no hago más que interrogar a aquéllos que dicen saber algo.” Luego de esta afirmación de falsa modestia, con la que ya nos tiene hartos, agregó: “Dime, oh, Ollántides, te lo ruego, ¿a qué te refieres cuando dices que citabas mis teorías?”

“Sócrates, me refería a La República, el libro que publicó tu discípulo Platón, que te acompaña, y que contiene tus sabias palabras acerca de la vida de la polis. De ese libro me servía para argumentar que los militares somos o, esteeee, mejor dicho, son los guardianes de la república, y deben estar por encima de las cambiantes pasiones del tráfago partidario.”

“Me preocupa, Ollántides, que pongas tanta fe en la palabra de un ignorante como yo, y más aún, que creas que las copias de Platón reflejan en lo más mínimo lo que yo quiero decir, pues es bien sabido que en esta época no existen grabadoras y Platón transcribe de las notas apuradas que hace en sus tabletas de cera. Pero dime, Ollántides, ¿cuáles son, para ti, esas pasiones que consideras tan peligrosas para los militares?”

“Oh, Sócrates- dijo Ollántides, sacando un papelito y leyendo en voz alta- me refiero a los intereses que necesariamente acompañan a los hombres: el agua, la comida, la vivienda, el sexo, y a aquéllos intereses innecesarios que aparecen siempre que vivimos en sociedad, como el poder y la dominación. Para prevenir que esas pasiones destruyan la polis, es necesario que exista una clase superior de guardianes, separada de tales apetitos y especializada en el conocimiento del gobierno, de tal manera que dirija la nave del estado sin intereses propios, aplicando las técnicas que la mayoría ignora; y defendiendo nuestros territorios y nuestro mar territorial, amenazado por los feroces espartanos, al sur.”

“Ah, Ollántides, veo que has estado leyendo los papiros escritos por Platón, en efecto. Ya ajustaré cuentas con él más tarde, cuando ofrezcamos libaciones a Dionisos. Por ahora permíteme hacerte algunas preguntas, por Atenea.”

“Dispuesto estoy, oh Sócrates, a responderte.”

“Lo celebro, Ollántides. Dime pues, ¿no te parece que la utilidad de una idea debe probarse en alcanzar los objetivos que busca?”
“Estoy de acuerdo, oh, Sócrates.”

“¿No es así, entonces, Ollántides, que la idea de ponerse un abrigo es de indisputable utilidad cuando hace frío?”

“Por supuesto, Socrates.”

“¿Pero no es cierto también que si las condiciones climáticas cambian, y deja de hacer frío, pierde utilidad la idea de usar un abrigo?”

“Es evidente, Sócrates.”

“¿Y no dirías también, Ollántides, que la utilidad de una idea reside en que sea, además practicable?”

“Estoy convencido de ello, Sócrates.”

“Así, por ejemplo, aunque yo tuviera la idea de calentar Atenas en el invierno con una gran pira hecha de todos los bosques de Esparta, la idea sería inútil, pues no hay forma de cortar todos los bosques de Esparta; no hay cómo mantener una pira del tamaño necesario para calentar Atenas durante todo el invierno; y por si fuera poco los espartanos se movilizarían para impedir que destruyamos sus bosques.”

“Así es, por Atenea, ¿quién sería tan idiota de pensar que  puede destruir el hábitat de los bravos espartanos mientras estos se cruzan de brazos?”

“Entonces, Ollántides, estamos de acuerdo en que una idea, para ser útil, debe estar abierta a ser descartada por otra que responda mejor a los cambios en el mundo, y debe ser –además- practicable. Examinemos, entonces, la idea de una república dirigida por sabios guardianes exentos de intereses propios.”

“Dispuesto estoy, oh Sócrates, pero ya me molesta que me estés owneando con este estilo socrático de preguntas y respuestas. Es lo que acostumbraba hacer tu amigo Sinesiotas antes de que lo echara a patadas de la asamblea nacionalista.”

“Calma tus ímpetus, valeroso Ollántides, y te ruego que me escuches, por Ares. ¿No te parece que una república dirigida por sabios guardianes sin intereses propios es una idea útil para ciertas condiciones, pero que puede no serla si las condiciones cambian?”

“Así es, oh, Sócrates.”

“Has de saber, Ollántides, que yo estoy a favor de una república dirigida por sabios guardianes especializados en el gobierno porque aquí en Atenas tenemos una democracia directa en la que consideramos a todos los ciudadanos igualmente capaces y por eso asignamos los puestos de gobierno por sorteo. Como la muestra es perfectamente al azar, resultamos teniendo en el gobierno a carpinteros, labradores y talabarteros que son muy capaces en sus respectivos oficios, pero no a guardianes de la cosa pública que sepan ejercer su oficio, esto es: legislar, hacer justicia y administrar el estado. ¿No debería haber un sistema que garantice que los guardianes de la cosa pública, esto es los que saben legislar, hacer justicia y administrar el estado, tengan una mayor posibilidad que la que les otorga el azar?”

“Así es, oh Sócrates.”

“Por eso, Ollántides, para el caso de las democracias directas, creo que debe de encontrarse una forma para que gobiernen los guardianes especializados en la cosa pública. Pero hay otras repúblicas como aquella de los Perúpidas en  que la democracia es representativa, y los ciudadanos que quieren gobernar deben demostrar que tienen ideas para hacerlo (un plan de gobierno, una hoja de ruta, un compromiso con la polis, o todas las anteriores) y competir para convencer al resto de ciudadanos. En esas repúblicas, los políticos se especializan en hacer su trabajo de políticos porque están forzados a hacerlo, y por lo tanto aprenden las artes del gobierno con tanta eficacia como los carpinteros, labradores y talabarteros aprenden las suyas. En esas repúblicas, sería un absurdo decirle a los guardianes que se abstengan de hacer política, votando y postulando a cargos, porque tienen que hacerlo para convencer a sus conciudadanos. Si hablas de democracia directa, donde los cargos se asignan al azar, se necesita encontrar a guardianes especializados, pero si las condiciones cambian, como en el caso de la democracia representativa de los Perúpidas, la idea de los sabios guardianes deja de tener utilidad. ¿Entiendes el razonamiento, Ollántides?”

“Oh, Sócrates, tu razonamiento es rápido como los alados pies de Hermes, y complejo como las frases del Oráculo de Delfos, pero trato de seguirte.”

“Te lo agradezco, Ollántides. Pero, dime, si has leído La República, sabes sin duda que los militares son tan solo una parte de la clase de los guardianes, a saber, los jóvenes que se han especializado en otro aspecto importante de la administración pública, que es la defensa de la polis. ¿Estás de acuerdo con esa descripción de La República, Ollántides?”

“Lo estoy, sabio Sócrates.”

“En las democracias directas, no hay guardianes militares, porque no hay nada especializado, ni la defensa. Cuando en Atenas vamos a la guerra, todo ciudadano se calza el uniforme de hoplita y sale a combatir. Por eso, cada vez que peleamos con los espartanos nos va mal, porque entre ellos la carrera de las armas es una ocupación diaria y los guerreros no hacen otra cosa que aprender y practicar las artes de la guerra. ¿No te parece, oh valeroso Ollántides, que nuestra democracia necesitaría –como sostengo en La República- que los guardianes militares fueran especializados, en vez de que cualquier vecino se ponga el uniforme?”

“Así me lo parece, Sócrates.”

“Entonces, Ollántides, ¿Por qué estás por el servicio militar obligatorio, si es mejor un ejército formado por soldados profesionales, especializados, como ocurre entre los espartanos?”

“Hum… Eeeeeh… Se me han confundido los papelitos, Sócrates.”

“Tómate tu tiempo, Ollántides.”

“¿Puedo preguntarle a Sinesiotas?”

“Podrías haberlo hecho antes de echarlo a patadas de la asamblea nacionalista, Ollántides. Pero volvamos a la idea de los guardianes, para evitar hacerte más roche. ¿No crees que la idea de los guardianes sirve sólo si es practicable, oh, valeroso Ollántides?”

“Así es, Sócrates, hemos establecido que una idea es útil sólo si es practicable.”

“Ollántides, en la idea de los guardianes lo que parece mas difícil de practicar es la idea de hallar personas sin intereses propios. ¿Recuerdas qué digo en La República acerca de las garantías para que los guardianes no tengan intereses propios?”

“Ejem. Desconozco mayormente, Sócrates, ¿cuáles son esas garantías?”

“Bueno, que no tengan familia, porque es siempre una tentación de nepotismo el tener –por ejemplo- hermanos ambiciosos, padres conspiradores y esposas carismáticas. De hecho, en La República sostengo que no debe existir para los guardianes la institución del matrimonio o la paternidad, sino que los guardianes deben compartir el acceso carnal entre todos y los niños deben ser criados por el estado.”

“¡Por Hera, Sócrates!”

“¿De qué te sorprendes, Ollántides? Sólo afirmo lo evidente. En Atenas, la única forma de tener a esos sabios y desinteresados guardianes sería criarlos desde chicos para el gobierno, inculcándoles la política desde nenes y dándoles a leer sólo libros patrióticos.”

“Mi padre Isakíades es un fanático de ese método, Sócrates.”

“Claro, Ollántides, pero me imagino que no ha llegado a disolver la familia, negar a sus hijos o a su esposa.”

“¡Jamás, Sócrates!”

“¿Entonces, pues, Ollántides? ¿Te parece practicable la idea de criar a sabios guardianes sin familia para que se especialicen en el gobierno?”

“Bueno, Sócrates, tal vez en el futuro alguien invente un sistema político en el que una familia artificial, algo así como un partido único, reemplace a la familia natural, y se críe a un grupo de gente para que sean dirigentes y que nadie más pueda serlo. Una polis tecnocrática en que una minoría gobierne sin necesidad de elecciones y dirija la política, la economía y la defensa en reuniones anuales en los que el partido único tome decisiones en vez de someterlas a la ignorante masa de carpinteros, labradores y talabarteros.”

“Cierto es, Ollántides, pero me temo que cuando le dicté el libro a Platón, estaba bajo el influjo del vino, porque la idea me parece una completa utopía, y no sé si muy buena, para serte honesto. En todo caso, hay una alternativa.”

“¿Cuál es esa alternativa, oh Sócrates?”
“La democracia representativa, como la de los Perúpidas, en la que se reconoce que los guardianes de la cosa pública son humanos como cualquier otro, que tienen intereses y pasiones; pero se pone límite a tales intereses y pasiones limitando los períodos de gobierno, dividiendo las ramas del poder y creando pesos y contrapesos entre los distintos poderes. Pero claro, eso depende de una cosa. ¿Cuál crees que es, oh Ollántides?”

“¿De qué, oh Sócrates? Dímelo ya, que estas preguntas tuyas me tienen en pindinga.”

“Depende de que los ciudadanos puedan votar libremente, que tengan alternativas reales y de que voten todos, incluyendo a los militares. Si el voto no es libre, directo y universal, no hay quien controle a los guardianes especializados la cosa pública. Así, puede ocurrir que algunas personas se consideren guardianes de nacimiento porque sus ambiciosos padres los criaron para creerlo, y así se dejen llevar por sus ambiciones y hagan de todo por cumplirlas, como mentir, deshonrar su palabra, blindar a corruptos, quitarle el voto a quienes ya lo tienen, negarse a dar explicaciones y suspender las garantías ciudadanas. ¿Sabes cómo se llama en toda la Hélade a ese tipo de persona, Ollántides?”

“¿Cómo, oh Sócrates?”

“Se le llama tirano, Ollántides.”

Habiendo dicho esto, Sócrates esperó en vano una respuesta de Ollántides, pero este permaneció en silencio, cual el mismísimo Hades, y con una cara de fastidio que parecía la de Fobos. Juzgando que no había nada más que decir, y entre el aplauso de la multitud, Sócrates dio media vuelta y volvió a caminar, en dirección a la casa de Nicolópulos, donde nos esperaban unos vinos macedonios y unas hueveras crudas de esturión.
La imagen es de Heduardo, pique para verla en su blog original.

Primero, una comparación (odiosa).

Supongamos que el ministro de Defensa Daniel Mora hubiera argumentado recientemente que, en nombre de la reconciliación nacional, el Perú debiera perdonarle a empresas como Telefónica el pago de deudas tributarias por dos mil millones de soles. ¿Cuál sería la reacción del público?

Indudablemente, la indignación y la burla serían mayúsculas. Las redes sociales se poblarían de deprecaciones contra el insensato. Pocos comentaristas le sacarían las castañas del fuego al torpe ministro argumentando que ha planteado una salida política legítima y apropiada para el debate ciudadano.

Pero no nos quedemos ahí: digamos ahora que –luego de las opiniones del general Mora- el ministro de Trabajo Rudecindo Vega agregase que –ya que estamos en plan de reconciliación- hay que “ir a un poco más” y sería bueno también perdonar las deudas de los usuarios morosos de Telefónica.

Sospecho que en una situación así, la absoluta mayoría de los usuarios, que ha hecho lo imposible por pagar puntualmente, se diría “¡Qué buena raza! ¡somos unos idiotas por respetar los contratos! ¡A mí no me perdonan nada, porque he pagado; a mi vecino le perdonan 200 soles y a Telefónica le perdonan dos mil millones!” La lección sería, en efecto, que las reglas sólo existen en tanto que le convienen a los que tienen poder, y que quienes siguen las reglas son unos tontos: la próxima vez, no hay que seguirlas.

¿Quién decide qué es un problema político?

Por alguna razón, cuando el ministro Vega dice que juzgar a criminales de guerra es un problema político que requiere una salida política y no judicial, tal dicho se acepta como un argumento político respetable. ¿Por qué no? se pregunta retóricamente Carlos León Moya en “Noticias SER”.

En una democracia, lo que llega a la agenda política es lo que los ciudadanos deciden libremente debatir. Existen tambien temas que los ciudadanos han decidido no considerar temas políticos sino conductas penales, que no se debaten, sino que se sancionan. Por eso hay constituciones, que reglamentan la discusión política; y códigos penales, que reglamentan la sanción de los delitos. En muy raras ocasiones un tema transita de un lado para el otro. Cuando esto ocurre, estamos generalmente frente a un extraordinario cambio cultural, que construye o destruye una civilización.

Un ejemplo constructivo de ese transvase es que en las democracias modernas la identidad sexual o las opciones reproductivas de las mujeres ya no se consideren materia de represión penal, sino de afirmación política y de tolerancia. Un ejemplo negativo de ese transvase es la penalización de la existencia misma de ciertos grupos raciales, que pasan de la ciudadanía a la criminalidad intrínseca y a la sub-humanidad, en regímenes como el totalitarismo o el Apartheid.

¿Es que hay alguien que seriamente pueda decir que es legítimo convertir los crímenes de lesa humanidad de asunto penal en asunto político? ¿Hay quien pueda decir honestamente que las conductas por las que se condenó a Guzman y Fujimori (que son las mismas) son políticas y no penales? Decir esto implicaría una operación mental singular y –me temo- un conformismo social bastante vulgar.

Es un razonamiento singular porque implica que no existen reglas en absoluto en la vida política: sólo correlaciones de fuerza, intereses y negociaciones. Si la regla más elemental –digamos la que prohíbe la masacre intencional de niños en una operación militar- es negociable, entonces cualquier regla lo es y el Estado de derecho es una mera contingencia, o una sugerencia para tiempos normales.

Además, decir que crímenes como los de Barrios Altos o Lucanamarca son un problema político y no jurídico, es un ejemplo del más adocenado conformismo social. Juzgar a los militares es un problema político sólo porque la corporación militar lo considera tal, y porque esa corporación –pese a que sus voceros compitan en torpeza- tiene más poder que los millares de familiares de las víctimas. Conceder que la tranquilidad de un grupo de generales retirados es más importante que la angustia de millares de familiares de desaparecidos, es afirmar que no somos iguales, y aceptar que no somos, ni tenemos la intención seria de ser, un país de derechos.

¿Cómo sería una “salida política”?

Quien –como León Moya- sugiere que los juicios son no un problema penal, sino político, debería hacer el esfuerzo de imaginar la forma de dicha salida. Desgraciadamente, nuestro autor dedica la mayor parte de su artículo a corregir y mejorar la pobre ironía del general Mora contra las ONGs de derechos humanos, en vez de plantear una alternativa.

Una “salida política” –presumimos- es una negociación política. ¿En qué condiciones ocurriría? ¿Quiénes se sentarían a la mesa? ¿Qué opciones se discutirían?

En un país que aceptase que los crímenes de lesa humanidad son un problema político es claro que las condiciones de la discusión no serían democráticas y empezarían con una situación de desequilibrio fáctico incorregible: quienes tendrían poder en la mesa son los que lograron convertir su problema personal (responder a la justicia por sus crímenes) en un problema nacional. Eso no sería una negociación, sino una imposición.

Existe abundante experiencia internacional en el tratamiento de crímenes de lesa humanidad como problemas políticos. Chile creó una “mesa de diálogo” para que los militares dejasen de ser enjuiciados por desapariciones forzosas a cambio de entregar información sobre el paradero de los desaparecidos. La mesa fracasó porque los militares no pudieron entregar la información prometida porque -o habían matado a tantos que no tenian rastro, o habían sido tan efectivos en la desaparicion, con fondeos en el mar, que no habia informacion que presentar. Sudáfrica ofreció amnistías condicionadas a los perpetradores que cooperasen con la Comisión de la Verdad, pero luego se olvidó de juzgar a los que no obtuvieron una amnistía o a los que no se presentaron ante la comisión. España sepultó en el apretón de manos de franquistas, socialistas y comunistas la esperanza de justicia de centenares de miles de familiares de represaliados; 35 años después de la transición los nietos de las víctimas exigen exhumar a sus abuelos fusilados y enterrados al borde de la cuneta. El tratamiento “político” de las atrocidades ha fracasado en todo el mundo.

El derecho internacional considera el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no amnistiables e imprescriptibles, no por un capricho de abogados, sino por una necesidad democrática y civilizatoria fundamental: afirmar que la dignidad de cada ser humano, incluido el menos poderoso, es igual a la del resto.

Como seria una verdadera propuesta politica.

Hay que decidir qué falta para que los procesos judiciales, que son necesarios a más de inevitables, no generen innecesarias fricciones políticas. A mi juicio, para que esto ocurra, los juicios tienen que ser eficaces y producir resultados. Son las tácticas dilatorias y la timidez de los operadores judiciales lo que demoran los procesos y los terminan convirtiendo en ruido político. Si se quiere evitar el malestar de juicios eternos, las siguientes medidas son clave, aunque no las únicas:

(1) Ejercer la autoridad necesaria para que el Ministerio de Defensa –en vez de perder el tiempo en  declaraciones retóricas- abra sus archivos y colabore con la justicia.

(2) Dar el respaldo político necesario a jueces y fiscales para que las órdenes de arresto se hagan efectivas cuando el objeto son militares de alta graduación.

(3) Estimular a los fiscales para que apliquen apropiadamente los incentivos por colaboración eficaz ya existentes, a fin de romper la solidaridad entre perpetradores, enfocar los juicios en los mayores responsables y producir información útil que lleve a la identificación de los desaparecidos.

(4) Depurar las fuerzas armadas y el ministerio de Defensa de personas que justifican las violaciones de derechos humanos y cometen, por lo tanto, apología del delito.

(5) Darle a la tarea de exhumación e identificación de los 15,000 desaparecidos que hay en el Perú como consecuencia del conflicto armado, los recursos y el apoyo político necesarios.

Todas estas medidas son políticas, pero están al servicio de las reglas fundamentales, que expulsan la atrocidad del reino de la política. No son una “salida” de un problema decretado como tal por un poder fáctico; por el contrario, son una entrada posible y constructiva a un espacio político de verdaderos ciudadanos: incluidos, iguales y respetados.

Haga clic para ver la fuente de la imagen.

Regla número uno: la gente lee los titulares, no la noticia.

El 23 de octubre, el diario “El País” de España publicaba una breve entrevista al canciller Rafael Roncagliolo, cubriendo varios temas y ejemplificando lo que el diario llamaba “la nueva etapa que vive América Latina”, caracterizada por el crecimiento económico y la emergencia de varios gobiernos con posiciones de izquierda.

Nadie ignora que Estados Unidos ha visto su posición comercial en la región debilitada por el ascenso de China. Decirlo no tiene nada de particular y voces influyentes en los mismos Estados Unidos lo reconocen con preocupación hace ya bastante tiempo: una investigación del Congreso de los EEUU, por ejemplo, indica como un reto que en sólo la primera década del siglo, el comercio de China con la región se haya multiplicado por diez.

Lo que dice el canciller en la entrevista no es ni más ni menos que eso, como puede ver cualquiera que lea más allá del titular. ¿Qué dice el ministro literalmente? Leamos (con mis cursivas):

P. ¿Cuál es la relación primordial para Perú?

R. Hay algunas con mayor peso histórico y otras que han emergido en los últimos años. China, por ejemplo, ha pasado a ser el principal comprador de las exportaciones peruanas. Los países asiáticos, principalmente China; la Unión Europea, donde España ocupa un sitio privilegiado; las relaciones regionales, donde tenemos una política regional a través de organismos como la Comunidad Andina o Unasur, y Estados Unidos.

P. No menciona a EE UU en los primeros sitios.

R. Está en los cinco más importantes, pero ya no es el primordial. Antes era el 90%, como en todos los países de América Latina y eso ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Ahora es una región de progreso. Ahora se negocia en todos los niveles y las relaciones exteriores son un foro multilateral.

¿De qué está hablando Roncagliolo? Claramente de comercio y coordinación regional: exportaciones, compras, multilateralismo. “No es el primordial” es una expresión meramente descriptiva, no prescriptiva. Indica: no proclama, celebra o dicta. El titular de “El País” y la línea resumen lo dejan claro: “América Latina ya no se guía exclusivamente por Washington”.

En el Perú la noticia fue rebotada por “El Comercio” el mismo 23 de octubre con el titular “Canciller dice que relación con EE.UU. ya no es primordial para Perú” con lo que el sentido de la primera expresión se reduce a una sola cosa y se presenta como una declaración de desvalor. El titular opaca a la noticia; la entrevista original se resume en un par de párrafos, y no se incluye un enlace para que el lector cauteloso lea el original.

Paso dos: recuerda que los expertos responden sin chequear la fuente.

Dos días después, el 25, El Comercio ya tiene la táctica cocinada: la declaración de Roncagliolo debe presentarse como un riesgo a las relaciones económicas y políticas con los Estados Unidos.

Como es obvio, la derecha está alerta al más mínimo indicio de un deterioro en las relaciones con los Estados Unidos y dispuesta a saltar hasta el techo ante cualquier alerta. Ya en agosto, durante el acoso mediático a Ricardo Soberón, varios diarios publicaban ciertas declaraciones de la embajadora Likins con el felipillesco titular “EEUU espera una explicación del Perú”. En ese caso, por supuesto, los diarios de derecha no tuvieron con el lenguaje atrevido de la embajadora la misma exigencia que tienen ahora con el del canciller.

Pero volvamos al tema. El 25, El Comercio publica las declaraciones de tres especialistas: un excanciller, un empresario y un internacionalista. ¿Qué dicen?

Uno llama a la prudencia y a que el canciller use un lenguaje menos terminante. No es claro que el entrevistado –el veterano diplomático José De la Puente Rabdil- conozca la entrevista original. Más parece que reacciona a una pregunta del reportero: “¿Cómo no va a ser primordial?… No hay que ser tan terminantes.” Y con la entendible pica profesional expresa fastidio por un canciller que no viene de la carrera diplomática.

Otro –el empresario- repite lo mismo que ha dicho el canciller Roncagliolo. Carlos Durand reconoce que la relación comercial con EEUU se ha debilitado por la crisis de ese país y dice “de ahí a concluir que hay una región que es más prioritaria que otra creo que no… todos los socios comerciales son importantes”. Nótese que el canciller nunca dijo que una región era “más prioritaria que otra”. De hecho dijo –ni más ni menos- que todos los socios son importantes. Pero –como en el caso del diplomático- tampoco es claro que el empresario se refiera a la declaración original, y parece que reacciona a la primera pregunta que le pone un reportero por delante.

El tercer especialista –el internacionalista Alejandro Deustua- tampoco parece haber leído la entrevista original. La nota del Comercio glosa a Deustua: “opinó que tal vez la respuesta del canciller se refería básicamente a un escenario comercial”. De hecho, cuando se cita directamente a Deustua, éste no critica al ministro sino que asume que hay un error de buena fe: “Es un error del uso del término o un error de transcripción.”

Pero los tres especialistas han sido emboscados y encasillados en el escandaloso titular “Critican que canciller considere no primordial relación con EE.UU”. Con este titular se comete una doble mentira: el canciller no dijo lo que “El Comercio” inventa, y los especialistas no critican lo que el canciller realmente dijo, sino lo que el periodista de “El Comercio” ha puesto por delante.

Paso tres: hazle un segundo piso a la mentira.

Creado el escándalo inicial, viene el error del gobierno, que es responder a la mentira de los diarios de derecha. El día 26, se le pregunta al Premier Lerner, que estaba de gira en Estados Unidos, por su opinión sobre las declaraciones de Roncagliolo. De nuevo, no podemos saber si Lerner ha visto las declaraciones originales. Parece que no, porque camina sobre la tramposa pregunta “¿Qué nos puede decir [sobre] las declaraciones del ministro (…) de que Estados Unidos no sería un socio estratégico en estos momentos?”

A nadie escapa que “no primordial”, que era una expresión originalmente descriptiva con un fuerte componente comercial se transforma de pronto –por arte de magia- en “no estratégico”, que es una expresión política y fuertemente desvalorativa.

¿Qué dice el Premier? “De acuerdo a la política con el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros concordamos en que Estados Unidos sigue siendo un socio estratégico…”. No desmiente al canciller y dice de entrada que hay una política común de base.

Pero el titular (véase paso número uno) manda. Y el titular sistemática e idénticamente usado por Perú 21, Correo y Expreso es que Lerner “desautorizó” a Roncagliolo.

Armado el segundo piso, una especie de meta-mentira, los pisos siguientes se construyen solos. Lo siguiente –que ya es verdadero virtuosismo- es jugar con las subsiguientes aclaraciones del canciller, que intenta infructuosamente volver al sentido de su dicho original.

El 27 de octubre, Perú 21 titula “Roncagliolo versus Roncagliolo” para sugerir que el canciller se desdice. Pero ¿qué dice literalmente el canciller?

“Lo que he dicho es que el mundo ha cambiado. Hace cincuenta años el 90% de nuestro comercio iba a Estados Unidos, ahora está repartido en cuatro bloques: Europa, la Cuenca del Pacífico y Asia”

Es decir, exactamente lo dicho en la entrevista original: una reflexión fundamentalmente sobre aspectos comerciales. Pero la forma en que Perú 21 reporta es ya no meramente, sino virtuosamente, tramposa. Según el periódico, Roncagliolo habla “luego de haber sido desautorizado” y -para más inri- la aclaración del canciller se maquilla y no se cita intacta, sino con una aposición que no existe en el original: en efecto, dice Roncagliolo “Yo hablé con el primer ministro antes de que haga las declaraciones. Le pedí que dejara clara nuestra posición. Lamentablemente se trata de tergiversaciones” Perú 21 no respeta la frase y agrega entre paréntesis, luego de la expresión “las declaraciones”, la siguiente frase: “(donde lo desautorizó)”.

De este modo, se presenta a Roncagliolo como disculpándose luego de una desautorización. Mentira sobre mentira sobre mentira. Hay que reconocer el talento.

Epílogo: al final, las mentiras caminan solas.

Luego de esta, aparentemente compleja, pero en el fondo sencillísima operación semántica, la ficción queda perfectamente armada: el canciller insulta a los Estados Unidos, el Premier lo desautoriza y el canciller se desdice, desesperado. La verdad, sin embargo, es que el canciller describió una realidad comercial, el Premier habla de otra cosa y la prensa de derecha se anota un poroto fácil.

En el epílogo, y como para adornar la faena, la periodista de Perú 21 Zarella Sierra comenta en su cuenta de twitter en lo que parece ser un intento de ironía o una desfachatez disforzada: “Osea (sic) que ahora dice que @el_pais lo tergiversó?”

Genial. Lo que ahora ocurre, en este tercer, cuarto, quinto piso o azotea de la mentira original es que -luego de haber tergiversado el sentido de las declaraciones originales- los escritores de Perú 21, ahora dicen que el ministro no se queja de ellos, sino de la fuente original. Además de insultar a Estados Unidos, Roncagliolo insulta a “El País” de España. ¿descarada audacia o patética estolidez? En un universo en el que la verdad ha dejado de tener contenido y la mentira se ha vuelto una torre de Babel, ya no hay cómo saberlo.

En todo caso, sólo cabe constatar una vez más el abismal estado del oficio de periodista en el Perú y la bancarrota de los más mínimos estándares de profesionalismo de una prensa amarillista y tramposa. La respuesta a esa desgracia no es –por supuesto- ningún tipo de censura, sino la lectura crítica y acuciosa. Como hemos visto, parece difícil, pero –al final- la relojería de la tergiversación es bastante sencilla y debe ser expuesta por lo que es.

Fuente de la imagen (Pica aquí si quieres saber más sobre las tormentas en un vaso de agua).

La lista de los tiranos asesinados es más corta que la de los que mueren plácidamente, rodeados de riquezas mal habidas y de herederos ansiosos. Por cada Trujillo o Somoza hay varios Pinochets, Stroessners y Francos; por cada Ceaucescu, más de un émulo de Stalin o Mao; por la miserable muerte de Gadafi, el plácido sueño de un Bokassa, Amin, Marcos, Suharto, o Pol Pot.

Constatar sin embargo, esta masiva impunidad no justifica el asesinato extrajudicial. (De hecho, he argumentado en otro momento que el asesinato judicial tampoco se justifica.) Ejecutar a Mussolini y humillar su cadáver puede haber respondido a la ira del momento, pero no a las necesidades de la historia: las razones detrás de un ajusticiamiento se olvidan y el revisionismo histórico se instala a sus anchas, como ocurre en Italia.

La justicia no es sólo sustantiva sino, y probablemente ante todo, procedimental. Decir que la justicia está servida porque todos sabemos que el ejecutado era un criminal es instalar el subjetivo “todos sabemos” en lugar del “está probado”. En el fluir de las subjetividades y las percepciones, la noción de lo que era justo puede cambiar, y el monstruo de ayer puede devenir en mártir o en santo. Nicolás II, zar sangriento, es ahora un santo oficialmente proclamado como tal por la Iglesia Ortodoxa, lo que sería imposible sin su brutal asesinato.

Hacer la guerra en forma injusta cuestiona -si no anula- las causas justas de hacer la guerra. Terminar la guerra en forma injusta es igualmente descalificador: el impacto de las imágenes patéticas del dictador linchado oscurece la lista de sus crímenes y lo convierte en objeto de conmiseración. Algunos pueden creer que matan a un tirano y terminan matando la justicia.

Enjuiciar a los dictadores y a sus secuaces con todas las garantías del debido proceso –sin embargo- es difícil. La fuente misma de derecho aplicable está en cuestión: ¿Cómo aplicarle el modesto derecho penal doméstico a un Stalin o a un Suharto? ¿Cómo aplicar el derecho internacional si los países no han ratificado sus instrumentos, o lo han hecho luego de los crímenes?

Y si las normas son complejas, ¿qué decir del proceso mismo, en que los esbirros tienen a los mejores abogados, intimidan a los jueces, a los testigos y dilatan las audiencias? El debido proceso está hecho para proteger al acusado y la presunción de inocencia; esto, que es un equilibrio necesario cuando el acusado es un individuo débil frente a una sociedad vengativa, acentúa la inequidad cuando el acusado es un individuo poderoso.

Los juicios a dictadores pueden caer fácilmente en dos extremos: de un lado, el tomarse licencias con el debido proceso para llegar a una sentencia rápida y popular; del otro, el formalismo extremo que hace imposible una justicia comprensible y efectiva. De un lado, en el caso de Saddam Hussein, con abogados asesinados y jueces hostiles al acusado, la sentencia de muerte es apenas un poco mejor que el linchamiento de Gadafi. Del otro lado, en el casos de Milosevic, que murió de mala salud en medio de un largo juicio, y por lo tanto inocente, el proceso es apenas mejor que el de la impunidad completa de un Papá Doc.

A la vista de lo que ha ocurrido en las últimas décadas en el mundo, cabe valorar que en el Perú no se haya ejecutado a Guzmán ni a Fujimori, pese a que cuando fueron capturados eran enemigos públicos detestados por la mayoría de la población. Pese a la modestia de medios de nuestro poder judicial, pese a la historia de intimidación y control político de los jueces, pese al escaso interés y apoyo internacional, la justicia peruana dictó sentencias impecables.

Tener a criminales poderosos en la cárcel es, por cierto, un reto mayúsculo. Sus periferias montarán estrategias legales y políticas para liberarlos: presionarán y chantajearán para lograr revisiones, amnistías o indultos. Pero es mejor tener un reto manejable que el baldón permanente de un linchamiento o la vergüenza imborrable de la impunidad.

En la imagen: un tirano martirizado y -por lo tanto- santificado.

Dos hombres fueron ejecutados esta noche en el país en que vivo. Lawrence Brewer, en Texas, por el asesinato de un hombre negro, cometido aparentemente por odio racial. Troy Davis, en Georgia, por el asesinato de un policía, en medio de una trifulca callejera.

No hay duda razonable sobre la culpabilidad de Brewer, quien murió sin arrepentirse y vanagloriándose de su crimen. Hay demasiadas dudas sobre la legalidad del proceso que condenó a Davis, quien mantuvo su inocencia hasta el fin.

El asesinato legal de Brewer no recibió mayor atención pública. Sí la tuvo, por el contrario, el caso de Davis, posiblemente porque su culpabilidad estaba en duda.

Sin embargo, creo que la pena de muerte –aunque legal en los Estados Unidos y más de 60 países- es repudiable en ambos casos: el del culpable y el del inocente. Mi objeción a la pena de muerte es de principio.

En primer lugar, el Estado no debe tener la prerrogativa de matar a sus ciudadanos porque las ofensas punibles dependen de la opinión moral de las mayorías, siempre mutable y subjetiva. Así, es posible que se aplique la pena de muerte en ciertos países o momentos a los asesinos y en otro a los adúlteros. Es inaceptable que el mero rechazo ciudadano, muchas veces banal, a cierta conducta genere igualaciones malignas entre crímenes en esencia tan distintos.

En segundo lugar, precisamente por la razón anterior, la pena de muerte ha sido históricamente utilizada para suprimir a quienes son distintos: seguidores de una religión minoritaria, disidentes políticos, homosexuales, y otros. Una vez que el Estado tiene la posibilidad de matar, es también posible imponer la mayor represión imaginable a cualquier conducta vista como desviante o decidida como tal por los poderosos: la pena de muerte coarta la libertad irremediablemente.

En tercer lugar, ningún sistema judicial es perfecto, y es posible que inocentes reciban a veces un castigo injusto. Pero un castigo de cárcel no es irreversible, como sí lo es una ejecución. Dado que los sistemas judiciales, además de imperfectos, tienen defectos estructurales que los hacen sesgados contra los pobres, las minorías y los marginalizados, la pena de muerte se convierte inevitablemente en un instrumento de opresión social.

En cuarto lugar, la pena de muerte no cumple ninguna función propia de la pena, ya sea que se crea en la retribución o en la disuasión. Por un lado, no castiga, en realidad, porque el penado simplemente termina su vida, no tiene ya oportunidad alguna de arrepentirse y entender la atrocidad de su delito y sufrir por haberlo cometido. De otro lado, no tiene efectos disuasivos probados; de hecho, en los Estados Unidos, las tasas de homicidio son más altas en los estados que practican la pena de muerte que en los que la han abolido.

Por último, la pena de muerte envilece al que la practica. El anonimato del verdugo, que es una costumbre universal, es un indicador claro de que ninguna sociedad considera las ejecuciones una práctica digna. Matar a un ser humano, con horca, piedras, balas, gas, electricidad o inyecciones es un acto de violencia que la sociedad no tiene derecho de imponer en nadie, ni como espectadores ni como ejecutores.

En el Perú, cada cierto tiempo, se agita la idea de la pena de muerte. Ciertos políticos tratan de aprovechar la indignación ciudadana ante algún crimen particularmente atroz para aparecer como sólidos enemigos del delito. Naturalmente, quienes esto proponen siempre se enfocan en los criminales de poca monta, marginales que terminan linchados mediáticamente en los titulares de una prensa mediocre. Nunca se piensa en la pena de muerte para los poderosos: militares masacradores o funcionarios corruptos.

La jugada es obvia: ni les va ni les viene el delito. Saben que siempre existirá. Sólo les importa la ganancia electoral de corto plazo o –si miran más allá- una forma subrepticia de introducir en el debate la propuesta de sacar al país de diversos tratados internacionales de derechos humanos. En todo caso, envilecen el debate público y reducen las libertades ciudadanas.

La ejecución de Troy Davis muestra el carácter discriminatorio y propenso al error de la pena de muerte. La de Lawrence Brewer muestra que no constituye castigo ni disuasión para criminales convencidos de su causa. Conviene vernos en el espejo de lo que ha ocurrido esta noche en los Estados Unidos y asegurar que nunca importemos esta práctica infame.

Fuente de la imagen.

Señor Daniel Mora, ministro de defensa:

En recientes declaraciones a Ideele Radio ha confirmado Ud. los temores de quienes lo vemos como uno de los ministros con menos calificaciones, y tememos que su presencia en el gabinete Lerner afecte la credibilidad del gobierno.

En efecto, ha hecho Ud. las siguientes afirmaciones:

• Que es inconveniente seguir juzgando a militares por crímenes del pasado y que –en consecuencia- el Perú debería aprobar legislación de “punto final” para detener la apertura de juicios.
• Que es injusto que las víctimas de violaciones de derechos humanos (a quien Ud. llama “supuestas víctimas”) reciban reparaciones, porque los miembros de las fuerzas armadas que fueron victimizadas por la subversión no las reciben.
• Que pese a crímenes como La Cantuta y Barrios Altos no existió “jamás” una política sistemática de violación de los derechos humanos en la lucha antisubversiva.
• Que las condenas a violadores de derechos humanos por “autoría mediata” son peligrosas porque abren el riesgo de acusaciones contra altos funcionarios del Estado (“Por ejemplo, en el caso Bagua … Alan García tendría que ser enjuiciado o la ministra del Interior o el ministro de Defensa”).

Como puede verse, no se trata de un par de opiniones ambiguas o poco pensadas, dichas en el calor de una discusión o separadas de su contexto. Ud. se ha explayado ante la ciudadanía presentando una posición que es ilegal, políticamente errónea y moralmente insostenible.

Ud. parece creer que la acción penal debería prescribir en todo crimen, incluso en las más graves violaciones de los derechos humanos. Con su criterio, un caso como Accomarca debería cerrarse porque ocurrió hace un cuarto de siglo. Ud., por lo tanto, negaría a sus conciudadanos el acceso a la justicia y dejaría a Telmo Hurtado libre pese a que, de acuerdo a su propia confesión, ejecutó niños peruanos con granadas y ráfagas de metralleta.

Ud. aparentemente ignora que, de acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Si se trata de ignorancia, lo suyo es decepcionante en un ministro de estado, pero –como podemos ver- más que falta de conocimiento, lo que Ud. demuestra es falta de compasión hacia sus semejantes, falta de respeto hacia sus conciudadanos.

Digo esto porque Ud. se atreve a ningunear a los peruanos que sufrieron los crímenes más atroces de que tenemos memoria en el país, y les llama “supuestas” víctimas. Ud. no puede ignorar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó con precisión las más graves violaciones de los derechos humanos, y que las víctimas no son “supuestas”: son personas de carne y hueso, tan ciudadanos del Perú como Ud. ¿Cómo se atreve a negarles la básica dignidad de que se reconozca su sufrimiento?

Pero no se ha detenido Ud. en esta falta de respeto. Además le regatea a las víctimas el derecho a la reparación: no contento con negarles el derecho a que el perpetrador sea castigado, propone que el estado ni siquiera reconozca la existencia de daños. Y lo hace porque, según Ud., es injusto que se reconozca como víctimas sólo a quienes sufrieron a manos del Estado, y no a los militares mutilados por la subversión. ¿Cómo es posible que un ministro de estado ignore que el Registro Único de Víctimas ya incluye a los miembros de las fuerzas del orden y sus derechohabientes?

Sus declaraciones sobre la inexistencia de violaciones sistemáticas, ministro, nos recuerdan las de uno de sus antecesores, Rafael Rey. Aquél expuso alguna vez ante la opinión pública su teoría de que matanzas como las de Putis no eran crímenes de lesa humanidad, porque no estaba comprobado su carácter sistemático. Tal como el Sr. Rey, Ud. se niega a aceptar la evidencia demostrada una y otra vez por la justicia peruana, la justicia internacional y la CVR.

El gobierno del que Ud. forma parte, ministro, fue elegido fundamentalmente porque los peruanos tuvimos asco ante la posibilidad de que las urnas vindicaran al principal responsable de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. En el juicio a Alberto Fujimori, se demostró en forma concluyente que tales delitos constituían crímenes de lesa humanidad, es decir que formaban parte de una política y de un sistema criminal. Más aún, en el juicio se aceptó como prueba el Informe Final de la CVR. Ud. sin embargo, se permite ignorar esa sentencia histórica para decir que esas matanzas no ocurrieron como parte de una política. Ni los mismos fujimoristas se atrevieron a negar la masividad de las atrocidades del conflicto armado interno, contentándose con argumentar que –dentro de la masividad de las muertes- ellos “mataron menos”.

Ministro, la ignorancia es muy excusable. Lo es menos la falta de curiosidad intelectual. Lo que Ud. dice sobre la “autoría mediata” es una torpeza sin nombre. Gracias a esta teoría del derecho penal ha sido posible enjuiciar a los criminales más atroces y cobardes de todos, que son los que dan la orden pero no aprietan el gatillo. En el Perú, tanto Alberto Fujimori como Abimael Guzmán han sido hallados culpables de cometer crímenes como autores mediatos, que ejercían el control de un aparato de poder.

Pero, de nuevo, en este caso, el problema no es la ignorancia, sino algo peor: el oportunismo. Ud. deja claro en la entrevista que no está exponiendo un punto de derecho sino de política: la única razón por la que se interesa en el asunto es porque quiere Ud. evitar que los perpetradores notables o influyentes paguen por sus crímenes, y menciona Ud. explícitamente a Antauro Humala y a Alan García.

Llegados a este punto, hay que preguntarle al gobierno si su presencia en el gabinete, Sr. Mora, es meramente un error o una señal de aquellos peligros autoritarios que el Presidente se esforzó en negar cuando era candidato. Si el gobierno, como esperamos todos, es honesto en sus intenciones de cerrar la brecha social que separa a los peruanos con derechos y sin derechos, debe demostrar su compromiso absoluto con los más excluídos: aquellos cuya demanda de justicia ha sido ignorada. Un gobierno que empieza las cosas bien y quiere demostrar su firmeza no puede tolerar lo que Ud. ha dicho.

Su presencia en un gobierno que tales promesas ha hecho, señor, es una incongruencia. Presenta Ud. un riesgo para la credibilidad del Primer Ministro y del Presidente Humala, y establece Ud. una tensión innecesaria con nuestra cancillería y nuestro ministerio de justicia, que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones internacionales del Perú.

Váyase, Sr. Mora.

Tiene Ud. el derecho de pensar como lo hace, y nadie tiene el derecho de juzgar su particular sentido de la ética, pero todos y cada uno de los ciudadanos tenemos el derecho de exigirle coherencia al gobierno. Mantenga Ud. sus posiciones como ciudadano privado, pero no tome Ud. el fajín de ministro para proponer públicamente que el gobierno incumpla sus obligaciones y sus promesas.

Fuente de la foto.

“Toda persona acusada de un delito es inocente hasta que no se demuestre lo contrario.” ¡Cuánto nos falta como país para llegar a que este principio se convierta en una convicción compartida en vez de una ingenuidad! En efecto, en el Perú, las actitudes públicas respecto a la inocencia o culpabilidad dependen, no de los hechos, sino de la identidad del acusado. Pertenecer a un grupo marginalizado, no conformar al modelo de comportamiento que se espera de uno, no tener poder político, son demostraciones de culpa más importantes que la investigación judicial.

El caso de la desaparición del estudiante Ciro Castillo en el Colca es un ejemplo perfecto. La sobreviviente, Rosario Ponce, se ha convertido en el último depositario de los miedos y ansiedades de una ciudadanía que parece necesitar permanentemente de algún chivo expiatorio fabricado por una prensa crónicamente incapaz de profesionalismo.

Ninguno de los supuestos indicios que la prensa ha agitado para culpabilizar a la sobreviviente del Colca tiene la menor solidez. Cualquier fiscal sabe que estaría malgastando recursos con una acusación penal sin pruebas, y que la defensa tendría una tarea fácil por delante. Al fin y al cabo, la presunta culpabilidad de Rosario Ponce se sostiene en “pruebas” tan ridículas como la “sicografía”, es decir, una “carta dictada por Ciro” desde el más allá a un vidente (de acuerdo al film Rashomon, tal método era válido en el Japón feudal); o el análisis gestual, según el cual la forma en que un sujeto mueve las manos o dirige la mirada evidencia la verdad o la mentira (ver en “La República“).

Hemos llegado pues –al cabo de décadas traumas sociales y mediocridad periodística- a declarar nuestra completa independencia de la realidad. Los datos ya no interesan, sino la creatividad. La justicia es innecesaria si hay a la mano un argumento. El caso Colca demuestra que somos una sociedad en la que buscamos permanentemente oportunidades de atacar en mancha, de cebarse en el que no se puede defender. Atacar al monstruo de turno –sea Rosario Ponce, Lori Berenson, Martha Chávez o Nadine Heredia- es participar en un ritual de pertenencia, en una violencia verbal socialmente aceptable, en la ciudadanía sangrienta de la jauría.

No es casual, por cierto, que tantas veces el objeto de nuestros cargamontones sean mujeres. De ellas se espera que sean tiernas, privadas, sufrientes y leales. ¿Por qué no camina Rosario, como una peregrina, por el Colca, en vez de seguir con su vida? ¿Por qué hay mujeres que gritan e insultan? ¿Por qué hay mujeres que quieren poder? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué sonríen? ¿Por qué no lloran? La culpabilidad del monstruo de turno no radica en lo que pueda haber ocurrido en el Colca, sino en su comportamiento hoy. De hecho, el periodista Beto Ortiz ha llevado esta lógica a su extremo más obvio: como una mujer no puede hacer las cosas solas, menos aún algo tan enorme como un delito, tiene que haber un “hombre detrás”, que para Ortiz es un maligno ex integrante del SIN, o un ex-novio.

Pero, además de la violencia sexista del linchamiento mediático de Rosario Ponce, hay una profunda hipocresía –no, cobardía- en el olvido interesado de que el Perú es un país con 15,000 desaparecidos como resultado del conflicto armado interno, cada uno de los cuales tiene una familia tan valiente y tan sufriente como la del estudiante del Colca. En la absoluta mayoría de las desapariciones internas se sabe perfectamente qué instituciones estuvieron, no detrás, sino al frente del delito; se sabe qué políticos en actividad tienen responsabilidades; en muchos casos hay acusaciones abiertas y sentencias internacionales; pero cierta prensa no mueve un dedo para ayudar a esclarecer esas desapariciones con responsable a la vista. La diferencia es obvia: no lo hacen por miedo; porque una cosa es aplastar a una persona impopular y sin defensa y otra muy distinta es tocar a un político con poder.

¿Qué tiene que hacerse para que en el Perú haya un abogado que le recuerde al público que no se puede juzgar a alguien sin pruebas? ¿Qué tiene que ocurrir para que un editor diga “basta” la próxima vez que le lleven un artículo amarillista? Ambas preguntas son una protesta ingenua, impotente; porque hasta que no encontremos maneras de canalizar nuestros conflictos en el diálogo entre ciudadanos, seguiremos necesitando rituales no cívicos de violencia y cobardía.

Siempre me ha parecido que los videos del fujimorismo debían analizarse, no sólo como evidencia de corrupción política, sino, además, como prueba de corrupción comunicativa.

Los videos muestran que los actores se rehúsan a hablar directamente de lo que les convoca -el robo- y que, llevados por un extraño pudor, pueblan sus frases de expresiones oblicuas o simplemente ignoran el tema para pasar a contar fajos de billetes.
Las transcripciones de aquellos videos quedan siempre infectadas de frases entre dientes que resultan ininteligibles, de eufemismos o de dudas. Conversación trivial para evitar mirarse a la cara y decir “somos una banda de ladrones que no se atreve a decir lo que hace.”

En la campaña que acaba de terminar, el fujimorismo no pudo salir de esa incapacidad de expresar ideas. Sus mítines se redujeron a conciertos y circo; su participación en debates, a manejo de imagen; su trabajo de base, a reparto de alimentos. Se conformaron con parasitar el argumento del contrario: dar la contra, repetir lo dicho por el candidato de Gana Perú y decir –contra toda evidencia- que significaba lo contrario.

Una derrota del fujimorismo sería, por ello, una victoria del lenguaje. Ollanta Humala hizo lo que –en circunstancias normales- debería esperarse de un político: negoció, concedió, aclaró, argumentó, prometió. En suma: usó el lenguaje para comunicar una propuesta debatible. Sus adversarios, como en los videos, nunca pasaron de la frase ininteligible.

Por usar el lenguaje para negociar, Humala fue atacado y ridiculizado: revisar su programa era –para los fujimoristas y su prensa- muestra de doblez si no de debilidad. Ellos, por supuesto, no gastaron esfuerzos en adaptar su programa para incluir nuevos contingentes, porque esperaban que todos vinieran a ellos automáticamente; puede argumentarse, de hecho, que jamás tuvieron un verdadero programa. Y como pocos en la prensa dominante los sometió jamás a escrutinio alguno, el círculo fujimorista nunca aprendió a responder.

Cada vez que intentaron expresar ideas, se quedaron en el prejuicio o en la amenaza; incapaces de la mínima empatía necesaria para comunicar, se mostraron como lo que eran: una encarnación de miedos y fantasmas, pero nunca una propuesta política.
Se mofaron de la inteligencia, del diálogo y del argumento. Ensalzaron el prejuicio, el eslogan, el sicosocial. En vez de cortejar a académicos e intelectuales, optaron por celebridades; en vez de debatir, optaron por la propaganda; y finalmente terminaron reducidos a contratar a otros que les hicieran las llamadas telefónicas.

En realidad, sospecho, las cosas son mucho más elementales que una batalla entre la esperanza y el miedo, de acuerdo a un eslogan que viene desde las elecciones de octubre último: los combatientes fueron –en puridad- la palabra y el gruñido. Yo espero que aquélla triunfe.

Fuente de la imagen.