Señor Daniel Mora, ministro de defensa:

En recientes declaraciones a Ideele Radio ha confirmado Ud. los temores de quienes lo vemos como uno de los ministros con menos calificaciones, y tememos que su presencia en el gabinete Lerner afecte la credibilidad del gobierno.

En efecto, ha hecho Ud. las siguientes afirmaciones:

Que es inconveniente seguir juzgando a militares por crímenes del pasado y que –en consecuencia- el Perú debería aprobar legislación de “punto final” para detener la apertura de juicios.

Que es injusto que las víctimas de violaciones de derechos humanos (a quien Ud. llama “supuestas víctimas”) reciban reparaciones, porque los miembros de las fuerzas armadas que fueron victimizadas por la subversión no las reciben.

Que pese a crímenes como La Cantuta y Barrios Altos no existió “jamás” una política sistemática de violación de los derechos humanos en la lucha antisubversiva.

Que las condenas a violadores de derechos humanos por “autoría mediata” son peligrosas porque abren el riesgo de acusaciones contra altos funcionarios del Estado (“Por ejemplo, en el caso Bagua … Alan García tendría que ser enjuiciado o la ministra del Interior o el ministro de Defensa”).

Como puede verse, no se trata de un par de opiniones ambiguas o poco pensadas, dichas en el calor de una discusión o separadas de su contexto. Ud. se ha explayado ante la ciudadanía presentando una posición que es ilegal, políticamente errónea y moralmente insostenible.

Ud. parece creer que la acción penal debería prescribir en todo crimen, incluso en las más graves violaciones de los derechos humanos. Con su criterio, un caso como Accomarca debería cerrarse porque ocurrió hace un cuarto de siglo. Ud., por lo tanto, negaría a sus conciudadanos el acceso a la justicia y dejaría a Telmo Hurtado libre pese a que, de acuerdo a su propia confesión, ejecutó niños peruanos con granadas y ráfagas de metralleta.

Ud. aparentemente ignora que, de acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Si se trata de ignorancia, lo suyo es decepcionante en un ministro de estado, pero –como podemos ver- más que falta de conocimiento, lo que Ud. demuestra es falta de compasión hacia sus semejantes, falta de respeto hacia sus conciudadanos.

Digo esto porque Ud. se atreve a ningunear a los peruanos que sufrieron los crímenes más atroces de que tenemos memoria en el país, y les llama “supuestas” víctimas. Ud. no puede ignorar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó con precisión las más graves violaciones de los derechos humanos, y que las víctimas no son “supuestas”: son personas de carne y hueso, tan ciudadanos del Perú como Ud. ¿Cómo se atreve a negarles la básica dignidad de que se reconozca su sufrimiento?

Pero no se ha detenido Ud. en esta falta de respeto. Además le regatea a las víctimas el derecho a la reparación: no contento con negarles el derecho a que el perpetrador sea castigado, propone que el estado ni siquiera reconozca la existencia de daños. Y lo hace porque, según Ud., es injusto que se reconozca como víctimas sólo a quienes sufrieron a manos del Estado, y no a los militares mutilados por la subversión. ¿Cómo es posible que un ministro de estado ignore que el Registro Único de Víctimas ya incluye a los miembros de las fuerzas del orden y sus derechohabientes?

Sus declaraciones sobre la inexistencia de violaciones sistemáticas, ministro, nos recuerdan las de uno de sus antecesores, Rafael Rey. Aquél expuso alguna vez ante la opinión pública su teoría de que matanzas como las de Putis no eran crímenes de lesa humanidad, porque no estaba comprobado su carácter sistemático. Tal como el Sr. Rey, Ud. se niega a aceptar la evidencia demostrada una y otra vez por la justicia peruana, la justicia internacional y la CVR.

El gobierno del que Ud. forma parte, ministro, fue elegido fundamentalmente porque los peruanos tuvimos asco ante la posibilidad de que las urnas vindicaran al principal responsable de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. En el juicio a Alberto Fujimori, se demostró en forma concluyente que tales delitos constituían crímenes de lesa humanidad, es decir que formaban parte de una política y de un sistema criminal. Más aún, en el juicio se aceptó como prueba el Informe Final de la CVR. Ud. sin embargo, se permite ignorar esa sentencia histórica para decir que esas matanzas no ocurrieron como parte de una política. Ni los mismos fujimoristas se atrevieron a negar la masividad de las atrocidades del conflicto armado interno, contentándose con argumentar que –dentro de la masividad de las muertes- ellos “mataron menos”.

Ministro, la ignorancia es muy excusable. Lo es menos la falta de curiosidad intelectual. Lo que Ud. dice sobre la “autoría mediata” es una torpeza sin nombre. Gracias a esta teoría del derecho penal ha sido posible enjuiciar a los criminales más atroces y cobardes de todos, que son los que dan la orden pero no aprietan el gatillo. En el Perú, tanto Alberto Fujimori como Abimael Guzmán han sido hallados culpables de cometer crímenes como autores mediatos, que ejercían el control de un aparato de poder.

Pero, de nuevo, en este caso, el problema no es la ignorancia, sino algo peor: el oportunismo. Ud. deja claro en la entrevista que no está exponiendo un punto de derecho sino de política: la única razón por la que se interesa en el asunto es porque quiere Ud. evitar que los perpetradores notables o influyentes paguen por sus crímenes, y menciona Ud. explícitamente a Antauro Humala y a Alan García.

Llegados a este punto, hay que preguntarle al gobierno si su presencia en el gabinete, Sr. Mora, es meramente un error o una señal de aquellos peligros autoritarios que el Presidente se esforzó en negar cuando era candidato. Si el gobierno, como esperamos todos, es honesto en sus intenciones de cerrar la brecha social que separa a los peruanos con derechos y sin derechos, debe demostrar su compromiso absoluto con los más excluídos: aquellos cuya demanda de justicia ha sido ignorada. Un gobierno que empieza las cosas bien y quiere demostrar su firmeza no puede tolerar lo que Ud. ha dicho.

Su presencia en un gobierno que tales promesas ha hecho, señor, es una incongruencia. Presenta Ud. un riesgo para la credibilidad del Primer Ministro y del Presidente Humala, y establece Ud. una tensión innecesaria con nuestra cancillería y nuestro ministerio de justicia, que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones internacionales del Perú.

Váyase, Sr. Mora.

Tiene Ud. el derecho de pensar como lo hace, y nadie tiene el derecho de juzgar su particular sentido de la ética, pero todos y cada uno de los ciudadanos tenemos el derecho de exigirle coherencia al gobierno. Mantenga Ud. sus posiciones como ciudadano privado, pero no tome Ud. el fajín de ministro para proponer públicamente que el gobierno incumpla sus obligaciones y sus promesas.

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