El ministro del interior, Daniel Urresti, ha dicho que la policía garantizará el derecho de los jóvenes a manifestarse contra la así llamada “Ley que promueve el acceso de los jóvenes al mercado laboral y a la protección social”.

El Sr. Urresti ha dicho –entre otras cosas- que el gobierno reconoce el derecho a la protesta, que no se usará de la fuerza para reprimir las manifestaciones, que no se utilizará ciertas tácticas como el uso de caballos y perros, y que unos 8,000 policías darán protección a los manifestantes. 

También ha puesto dos limitaciones: la de seguir ciertas rutas de acceso a las concentraciones, y la de no usar máscaras, pañuelos u otras prendas que oculten el rostro de los manifestantes. 

Hay que decir, en primer lugar, que el gobierno admite tácitamente varias críticas que los manifestantes han hecho en las redes sociales, en los últimos días. Por ejemplo, admite el carácter masivo de las protestas. De otro modo, ¿por qué movilizar a 8,000 policías? También es claro que tiene en mente el rechazo generado por las cargas de policía montada, escena digna de las épocas de Sánchez Cerro u Odría.

La obligación estatal de garantizar el derecho a la reunión

 Y eso debería ser lo principal, en cualquier sociedad democrática: garantizar que el derecho de reunión pacífica, reconocido en la Constitución (art. 2.12), en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 15), y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 20). 

En una sociedad democrática, el ejercicio de la protesta en los espacios públicos es fundamental para energizar el diálogo sobre los asuntos de interés nacional. Quienes salen a la calle a protestar son ciudadanos ejerciendo un derecho fundamental e inalienable. 

La protesta es la forma en la que –en toda sociedad- se ha reivindicado derechos desconocidos o suprimidos por las instituciones oficiales. Sin las protestas de generaciones anteriores sería inimaginable que hoy existiesen derechos laborales, que el voto fuese universal, o que los grandes barrios de los conos Sur y Norte, construidos a pulso por sus vecinos tuviesen pistas, luz, agua y escuelas. 

La protesta es un derecho fundamental porque es, entonces, un derecho que facilita otros derechos.En vez de que el gobierno le tome la cartilla a los ciudadanos, poniendo restricciones a la protesta, se trata de tomar la dirección contraria: que los ciudadanos interpelen al gobierno para restringir el uso de la fuerza. 

Sobre la fijación de rutas y el uso de máscaras

Ahora bien, hay que decir algo también sobre las restricciones indicadas por el ministro. ¿Tienen algún mérito? 

Los estados tienen la obligación de proteger el orden público, pero es obvio que el “orden público” no puede ser definido como lo definiría un dictador de Medio Oriente o una dictadura militar. El orden público en una sociedad democrática incluye la actividad política ciudadana, no la excluye. En una democracia, las calles no están sólo para circular, sino también para participar. 

Las limitaciones a la protesta -para ser admisibles- deben tener un objetivo legítimo; deben ser proporcionales a ese objetivo; deben ser legales, y deben estar sujetas a contestación en la arena judicial. 

Como es evidente, la protección de la vida y de la seguridad es un objetivo legítimo. Proteger los bienes públicos o privados de su destrucción, también lo es. Por lo tanto, tiene sentido poner restricciones a posibles acciones agresivas de los manifestantes: por ejemplo, ejercer violencia contra quienes no participan en las marchas, o impedir que las personas puedan acceder a servicios básicos como hospitales, bomberos y otros. 

Pero las limitaciones deben ser proporcionales a los objetivos planteados. Por eso,negociar –no imponer- una ruta para la manifestación puede una buena práctica. Los sindicatos, por ejemplo, que tienen una amplia experiencia manifestándose en el espacio público, generalmente tienen una clara dirección y mecanismos de interlocución con la policía. 

De hecho, la coordinación entre manifestantes, autoridades y policía es un principio que ha sido identificado por la ONU, a través del Relator Especial sobre Ejecuciones Arbitrarias, quien, en el 2011, ante la represión de la “Primavera árabe” emitió un informe minucioso sobre el uso de la fuerza en manifestaciones.

¿Y las máscaras? ¿Hay algún mérito en prohibirle a los manifestantes que usen pañuelos, o se amarren los brazos de las chompas en la cara? 

Sería irracional pensar que una máscara es un arma o un instrumento de agresión. Una máscara no es un garrote o una piedra. De hecho, puede ser un instrumento de defensa de la integridad personal si, por ejemplo, la policía utiliza gases. 

Al mismo tiempo, puede ser un elemento de protección de la privacidad de un manifestante que no desea enfrentarse a represalias de algún empleador, o a la estigmatización de la comunidad. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, exigirles a las trabajadoras sexuales que marchan para pedir protección de sus derechos, que no utilicen máscaras? Por último, las máscaras pueden ser un instrumento de libre expresión: se ha vuelto una práctica común, de Madrid a Nueva York, a Lima, el uso de la máscara de Guy Fawkes. 

 El único argumento posible contra el uso de las máscaras es técnico: es decir, que impiden la identificación de los manifestantes en caso de actividades ilegales; supongamos, un grupo de enmascarados que empieza a reventar lunas a su paso. 

Pero aquí se impone un ejercicio que ponga en equilibrio todos los factores a la mano, incluyendo el contexto y la experiencia que ya tenemos en las manifestaciones. Si –en efecto- un grupo de provocadores comete un acto de ese tipo, lo primero que ocurrirá será una respuesta policial de igual fuerza. En ese contexto, ¿es razonable decirle a la gente que no se cubra la cara ante los gases? En un país donde se presenta a quienes protestan como “vándalos” y se les acusa de tener “infiltrados” ¿es razonable obligar a la gente a que ponga la cara para los drones y las cámaras de la policía? 

En realidad, lo que hay que hacer es tomar en serio y respetar la capacidad organizativa de los jóvenes. Ellos son quienes están organizando sus protestas por un derecho fundamental; y ellos son quienes están forjando en sus protestas liderazgos y formas de coordinación y autorregulación. Son ellos la mejor garantía para impedir provocaciones. 

Es, de hecho, en el mejor interés de los jóvenes ponerle coto a los provocadores, dadas las experiencias previas. Por ejemplo: las manifestaciones de Julio del 2013 fueron impactantes en su masividad y disciplina, pero fueron reprimidas, en buena parte, por la actuación de un grupúsculo del APRA que marchó en paralelo y empezó a arrojar objetos a los integrantes de la manifestación mayor, desencadenando una respuesta desproporcionada de la policía. 

La respuesta de los jóvenes para garantizar la disciplina y el éxito de sus manifestaciones será un hecho político, no policial. Ellos son quienes van a desenmascarar y aislar, política, no físicamente, a los provocadores. 

¿Qué máscaras son el problema?

De hecho, escuchando a los jóvenes, lo que queda claro es que el país no necesita desenmascarar a unas decenas de muchachos ejerciendo su derecho a protestar.

Si se escucha a los jóvenes, lo que hay que hacer es desenmascarar la complicidad de parlamentarios y grupos empresariales, aliados contra los derechos laborales más básicos. Hay que desenmascarar la voluntad represiva de un modelo político que ha criminalizado la protesta en todo el país. Hay que desenmascarar la cobardía de un gobernante que prometió derechos a los jóvenes y hoy los estigmatiza. Hay que desenmascarar a los asesinos de manifestantes en Cajamarca y Espinar, y –sin duda- al asesino del periodista Hugo Bustíos.

Esas, y no otras, son las máscaras que deben caer.