Hay cinco fórmulas presidenciales viables: las de Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Luis Castañeda, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Esta última encarna el legado directo de un régimen corrupto y violador de derechos humanos, lo que debiera ser razón suficiente para un entendimiento mínimo entre todas las fuerzas políticas para bloquearla.

Pero eso asumiría que las cuatro planchas restantes tienen algún interés o, al menos, posición respecto a una agenda nacional de derechos humanos. Hasta ahora, se ha escuchado muy poco del tema porque la campaña está en sus momentos iniciales, construyendo la imagen de los candidatos y centrada en sus posturas respecto al modelo económico.

Vale la pena, sin embargo, preguntarse (y preguntarle a los distintos partidos) por sus posiciones respecto a asuntos fundamentales. De modo que propongo las siguientes cuestiones, a título de inventario inicial:

- Cualquiera sea su posición sobre el modelo económico, ya sea que lo cuestione, pretenda reformarlo o mantenerlo intacto, es un hecho que la pobreza persiste y que amplios sectores de la población no tiene acceso a los servicios más básicos. ¿Cree su partido que el estado tiene la obligación de garantizar (ya sea a través de bonos, como en Brasil, u otro mecanismo) medidas que palien la situación alimentaria de poblaciones en extrema pobreza y posibiliten el acceso efectivo de los niños a la educación?

- Si tiene una postura crítica ante el modelo económico, por más tibia que esta sea, debe quedar claro que se ha construido un marco legal que hace difícil la negociación colectiva y la sindicalización, dejando a los trabajadores desprotegidos y atentando contra el desarrollo de una fuerza laboral moderna y sólida. ¿Qué hará en concreto su partido para restaurar los derechos laborales arrasados durante el fujimorismo y los años posteriores?

- El modelo económico (y, en buena cuenta, el político) asumen que el país tiene recursos naturales ilimitados, para cuya explotación las poblaciones campesinas y nativas son un obstáculo. ¿Qué hará su partido para garantizar el derecho a la consulta efectiva de las poblaciones campesinas y nativas afectadas por las industras extractivas?

- La mujer en el Perú gana menos por la misma cantidad de trabajo, tiene menos acceso a la educación, es víctima de niveles endémicos de violencia doméstica en todos los sectores sociales, y ve cotidianamente negado su derecho a decidir sobre su sexualidad y capacidad reproductiva. ¿Qué medidas concretas propone su partido para combatir la discriminación en el trabajo y la escuela y la violencia doméstica? ¿Cumplirá su gobierno con estándares internacionales y con normas nacionales que ya permiten a las mujeres (pero no se aplican) el acceso a la contraconcepción, a la contraconcepción de emergencia y el aborto terapéutico?

- Los procesos penales derivados de la anulación de la Ley de Amnistía y de las investigaciones de la CVR languidecen en un sistema judicial con escasa capacidad y recursos. Además algunos sectores políticos coquetean con la idea de nuevas amnistías, o bien de la prescripción de los delitos. ¿Dará el gobierno recursos al poder judicial para acelerar los casos sobre crímenes de lesa humanidad? ¿Dará facilidades el gobierno para que las víctimas tengan asesoría legal, o seguirá manteniendo este servicio sólo para militares acusados de violaciones de derechos humanos? ¿Acepta su partido que los crímenes cometidos en los 80 y 90 son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles?

- Las reparaciones individuales a las víctimas de violaciones de derechos humanos no se han otorgado, y las reparaciones colectivas son frecuentemente presentadas como una continuidad de políticas sociales sin contenido reparador. ¿Garantiza su partido el otorgamiento digno y diligente de reparaciones, incluyendo el cumplimiento de diversas sentencias de la Corte Interamericana contra el Perú?

- La situación de la libertad de expresión y el acceso a la información en el Perú es preocupante. Se cierran medios de prensa en forma arbitraria, como el caso de las radios de Bagua; se ejerce censura de expresiones culturales, artísticas u opiniones; se mantiene la opacidad sobre la gestión pública; se abusa del derecho penal para castigar a periodistas por supuestamente atentar contra el honor de las personas. ¿Qué hará en concreto su posible gobierno para garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse y expresar su opinión?

- El gobierno del Perú parece por momentos una sucursal del Arzobispado de Lima. La Iglesia Católica recibe un trato privilegiado que se niega a otras creencias, y tiene un amplio poder para modelar la agenda política nacional, especialmente en temas sociales, como los referidos a los derechos de la mujer. ¿Qué hará su gobierno para garantizar la verdadera libertad de cultos y el igual respeto a todas las denominaciones religiosas, o bien a quienes no ejercen ninguna religión?

Con eso suficiente, por ahora.

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