Primero, una comparación (odiosa).

Supongamos que el ministro de Defensa Daniel Mora hubiera argumentado recientemente que, en nombre de la reconciliación nacional, el Perú debiera perdonarle a empresas como Telefónica el pago de deudas tributarias por dos mil millones de soles. ¿Cuál sería la reacción del público?

Indudablemente, la indignación y la burla serían mayúsculas. Las redes sociales se poblarían de deprecaciones contra el insensato. Pocos comentaristas le sacarían las castañas del fuego al torpe ministro argumentando que ha planteado una salida política legítima y apropiada para el debate ciudadano.

Pero no nos quedemos ahí: digamos ahora que –luego de las opiniones del general Mora- el ministro de Trabajo Rudecindo Vega agregase que –ya que estamos en plan de reconciliación- hay que “ir a un poco más” y sería bueno también perdonar las deudas de los usuarios morosos de Telefónica.

Sospecho que en una situación así, la absoluta mayoría de los usuarios, que ha hecho lo imposible por pagar puntualmente, se diría “¡Qué buena raza! ¡somos unos idiotas por respetar los contratos! ¡A mí no me perdonan nada, porque he pagado; a mi vecino le perdonan 200 soles y a Telefónica le perdonan dos mil millones!” La lección sería, en efecto, que las reglas sólo existen en tanto que le convienen a los que tienen poder, y que quienes siguen las reglas son unos tontos: la próxima vez, no hay que seguirlas.

¿Quién decide qué es un problema político?

Por alguna razón, cuando el ministro Vega dice que juzgar a criminales de guerra es un problema político que requiere una salida política y no judicial, tal dicho se acepta como un argumento político respetable. ¿Por qué no? se pregunta retóricamente Carlos León Moya en “Noticias SER”.

En una democracia, lo que llega a la agenda política es lo que los ciudadanos deciden libremente debatir. Existen tambien temas que los ciudadanos han decidido no considerar temas políticos sino conductas penales, que no se debaten, sino que se sancionan. Por eso hay constituciones, que reglamentan la discusión política; y códigos penales, que reglamentan la sanción de los delitos. En muy raras ocasiones un tema transita de un lado para el otro. Cuando esto ocurre, estamos generalmente frente a un extraordinario cambio cultural, que construye o destruye una civilización.

Un ejemplo constructivo de ese transvase es que en las democracias modernas la identidad sexual o las opciones reproductivas de las mujeres ya no se consideren materia de represión penal, sino de afirmación política y de tolerancia. Un ejemplo negativo de ese transvase es la penalización de la existencia misma de ciertos grupos raciales, que pasan de la ciudadanía a la criminalidad intrínseca y a la sub-humanidad, en regímenes como el totalitarismo o el Apartheid.

¿Es que hay alguien que seriamente pueda decir que es legítimo convertir los crímenes de lesa humanidad de asunto penal en asunto político? ¿Hay quien pueda decir honestamente que las conductas por las que se condenó a Guzman y Fujimori (que son las mismas) son políticas y no penales? Decir esto implicaría una operación mental singular y –me temo- un conformismo social bastante vulgar.

Es un razonamiento singular porque implica que no existen reglas en absoluto en la vida política: sólo correlaciones de fuerza, intereses y negociaciones. Si la regla más elemental –digamos la que prohíbe la masacre intencional de niños en una operación militar- es negociable, entonces cualquier regla lo es y el Estado de derecho es una mera contingencia, o una sugerencia para tiempos normales.

Además, decir que crímenes como los de Barrios Altos o Lucanamarca son un problema político y no jurídico, es un ejemplo del más adocenado conformismo social. Juzgar a los militares es un problema político sólo porque la corporación militar lo considera tal, y porque esa corporación –pese a que sus voceros compitan en torpeza- tiene más poder que los millares de familiares de las víctimas. Conceder que la tranquilidad de un grupo de generales retirados es más importante que la angustia de millares de familiares de desaparecidos, es afirmar que no somos iguales, y aceptar que no somos, ni tenemos la intención seria de ser, un país de derechos.

¿Cómo sería una “salida política”?

Quien –como León Moya- sugiere que los juicios son no un problema penal, sino político, debería hacer el esfuerzo de imaginar la forma de dicha salida. Desgraciadamente, nuestro autor dedica la mayor parte de su artículo a corregir y mejorar la pobre ironía del general Mora contra las ONGs de derechos humanos, en vez de plantear una alternativa.

Una “salida política” –presumimos- es una negociación política. ¿En qué condiciones ocurriría? ¿Quiénes se sentarían a la mesa? ¿Qué opciones se discutirían?

En un país que aceptase que los crímenes de lesa humanidad son un problema político es claro que las condiciones de la discusión no serían democráticas y empezarían con una situación de desequilibrio fáctico incorregible: quienes tendrían poder en la mesa son los que lograron convertir su problema personal (responder a la justicia por sus crímenes) en un problema nacional. Eso no sería una negociación, sino una imposición.

Existe abundante experiencia internacional en el tratamiento de crímenes de lesa humanidad como problemas políticos. Chile creó una “mesa de diálogo” para que los militares dejasen de ser enjuiciados por desapariciones forzosas a cambio de entregar información sobre el paradero de los desaparecidos. La mesa fracasó porque los militares no pudieron entregar la información prometida porque -o habían matado a tantos que no tenian rastro, o habían sido tan efectivos en la desaparicion, con fondeos en el mar, que no habia informacion que presentar. Sudáfrica ofreció amnistías condicionadas a los perpetradores que cooperasen con la Comisión de la Verdad, pero luego se olvidó de juzgar a los que no obtuvieron una amnistía o a los que no se presentaron ante la comisión. España sepultó en el apretón de manos de franquistas, socialistas y comunistas la esperanza de justicia de centenares de miles de familiares de represaliados; 35 años después de la transición los nietos de las víctimas exigen exhumar a sus abuelos fusilados y enterrados al borde de la cuneta. El tratamiento “político” de las atrocidades ha fracasado en todo el mundo.

El derecho internacional considera el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no amnistiables e imprescriptibles, no por un capricho de abogados, sino por una necesidad democrática y civilizatoria fundamental: afirmar que la dignidad de cada ser humano, incluido el menos poderoso, es igual a la del resto.

Como seria una verdadera propuesta politica.

Hay que decidir qué falta para que los procesos judiciales, que son necesarios a más de inevitables, no generen innecesarias fricciones políticas. A mi juicio, para que esto ocurra, los juicios tienen que ser eficaces y producir resultados. Son las tácticas dilatorias y la timidez de los operadores judiciales lo que demoran los procesos y los terminan convirtiendo en ruido político. Si se quiere evitar el malestar de juicios eternos, las siguientes medidas son clave, aunque no las únicas:

(1) Ejercer la autoridad necesaria para que el Ministerio de Defensa –en vez de perder el tiempo en  declaraciones retóricas- abra sus archivos y colabore con la justicia.

(2) Dar el respaldo político necesario a jueces y fiscales para que las órdenes de arresto se hagan efectivas cuando el objeto son militares de alta graduación.

(3) Estimular a los fiscales para que apliquen apropiadamente los incentivos por colaboración eficaz ya existentes, a fin de romper la solidaridad entre perpetradores, enfocar los juicios en los mayores responsables y producir información útil que lleve a la identificación de los desaparecidos.

(4) Depurar las fuerzas armadas y el ministerio de Defensa de personas que justifican las violaciones de derechos humanos y cometen, por lo tanto, apología del delito.

(5) Darle a la tarea de exhumación e identificación de los 15,000 desaparecidos que hay en el Perú como consecuencia del conflicto armado, los recursos y el apoyo político necesarios.

Todas estas medidas son políticas, pero están al servicio de las reglas fundamentales, que expulsan la atrocidad del reino de la política. No son una “salida” de un problema decretado como tal por un poder fáctico; por el contrario, son una entrada posible y constructiva a un espacio político de verdaderos ciudadanos: incluidos, iguales y respetados.

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