La situación de los bienes y forma de gobierno de la Universidad Católica ha sido objeto de una dura contienda legal y política, entre el actual Arzobispo de Lima y las autoridades de la universidad. Las dimensiones legales del problema son sumamente complejas, y no se prestan a un análisis apresurado, ni a respuestas fáciles.

Han estado en debate no solamente el fondo de la cuestión, sino los instrumentos legales aplicables para su resolución. En los últimos años, ambas partes han librado su liza en la arena constitucional, civil y canónica; se ha debatido la aplicabilidad de la ley peruana o del Estado Vaticano; y un tema originalmente vinculado a la propiedad ha derivado en la naturaleza misma de la universidad y su forma de gobierno.

Son dos campos: el legal y el político.

En la arena legal, las autoridades universitarias –lo que incluye al Rectorado, pero también al Consejo y a la Asamblea Universitaria- han presentado una postura optimista, incluso frente a reveses como la adversa sentencia del Tribunal Constitucional. Algunos le critican ese optimismo, que incluso se mantuvo cuando los abogados del Arzobispado lograron que dicha sentencia se inscriba en las partidas registrales de todos los bienes de la universidad, con el efecto práctico de un embargo: la universidad hoy por hoy no puede disponer de sus bienes libremente. No le ha ido mejor en el frente legal internacional, donde la negociación con la Santa Sede se ha dado en condiciones de franca debilidad, debido al alineamiento del Vaticano con la postura del Arzobispado, que culminó en un ultimátum que se vence el 8 de este mes.

En la arena política, la universidad ha logrado un amplio nivel de unidad interna frente a las pretensiones del Arzobispado, en defensa de lo que ha podido construir a lo largo de su historia: prestigio académico y niveles significativos de libertad académica. El riesgo  de una reforma estatutaria que le permita al actual Arzobispo poner o quitar rectores salteándose la ley universitaria consolidó a profesores, estudiantes y trabajadores. El optimismo para la tribuna de las autoridades de la PUC puede que no reflejase la apretada situación legal, pero se apoyaba en la unidad interna lograda hasta hoy, y tal vez haya coadyuvado a lograrla.

Fuera de la universidad, sin embargo, esta postura ha estado mucho más aislada. La PUC no es una institución que tenga muchos aliados y sí, más bien, muchos enemigos. La derecha política y mediática la considera poco menos que un nido de subversivos, y la caricaturiza como una gran facultad “caviar” de Ciencias Sociales tomada por posturas izquierdistas extremas. Desde la izquierda también se critica a la PUC como “caviar”, pero con una importante variación en el sentido peyorativo de esta palabra: la PUC sería una universidad de posturas políticas blandengues, cuna de reformistas acomodaticios que no merece defensa alguna.

¿Choque o negociación?

En ese contexto, las dos situaciones posibles de resolución del conflicto eran las siguientes:

(a) La total ruptura de la universidad con la Iglesia Católica, confiando en ganar sus actuales litigios con el Arzobispado y en ignorar las pretensiones de la Santa Sede, su transformación en una universidad diferente, que –entre otras cosas- no tendría autorización formal para llamarse Católica o para llevar el título de Pontificia. Si este fuera el resultado y las autoridades universitarias tuvieran éxito, la derrota del Arzobispado sería total, y la universidad entraría a una fase enteramente nueva de su historia, lo que motiva en algunos esperanza, en otros aprehensión.

(b) La imposición de la posición del Arzobispado y del Vaticano, por medio de una victoria legal, que les permitiría tomar plena posesión de los bienes de la universidad, cambiar los estatutos en forma directa y, con ellos, la forma de gobierno de la universidad. Esta opción conllevaría la derrota total de la comunidad universitaria e –igual que en la opción anterior- la completa transformación de la PUC en una institución distinta, probablemente en el molde de las universidades controladas por el Opus Dei.

John Nash, padre de la teoria de juegos.

En teoría de juegos, esa situación dicotómica se llama “de suma cero”, es decir, en la situación (a) la universidad gana todo y el arzobispado pierde todo, y en la (b) ocurre lo inverso. Dos carros se encuentran en la misma vía y en direcciones contrarias: sólo uno puede pasar primero y ambos aceleran, a ver quién desanima al otro. Puede ser que uno pase y el otro se detenga, pero puede ser también que choquen y ambos pierdan.

Ese es el esquema al que nos predispone nuestra cultura política: el Perú es un país de suma cero, donde la mayoría de conflictos se resuelven con la victoria momentánea de uno u otro, que solo atiza un conflicto futuro. El conflicto armado, los conflictos políticos, los conflictos sociales, hasta los desencuentros en el tráfico, se libran hasta su amargo final: negociar se ve como una muestra de debilidad, o como una falla moral.

Es posible, sin embargo, buscar una alternativa, lo que los adeptos a la teoría de juegos llamarían un equilibrio: identificar todos los resultados subóptimos (pierde la universidad, pierde el Arzobispado, pierden los dos) y también el de una situación en la que ambos ganan un poco pero evitan el riesgo de una derrota total.

Eso es, exactamente, lo que ocurrió con el acuerdo negociado y propuesto por el Rectorado a la Asamblea Universitaria. El rectorado acepta la premisa de su apurada situación legal y aconseja a la Asamblea optar por una salida que hace algunas concesiones a cambio de una ventaja importante: el fin de todos los litigios actuales. El arzobispado, tiene que haber llegado a la misma conclusión: el riesgo de perder existe, y el riesgo de enfrentar una permanente oposición de la comunidad universitaria es suficientemente serio, incluso ganando. En esas condiciones, ambos negocian, lo que es racional y autorizado por ambas partes, pero –en nuestra cultura política- es visto como una claudicación.

El debate sobre el acuerdo propuesto y el recule de Cipriani

Conocemos las reacciones en el mundo universitario, porque por naturaleza, la universidad es un espacio de debate. No conocemos lo que se ha debatido y –sin duda- se sigue discutiendo en el mundo eclesiástico. Podemos suponer sin embargo, que igual que en el mundo universitario hay quienes consideran la negociación una claudicación: debe haber maximalistas en el entorno del Arzobispo, convencidos de que iban a ganar en sede judicial y de que podían capear un par de años de protesta estudiantil, al amparo del control total de los bienes de la universidad.

Lo cierto es que el acuerdo negociado supone una concesión para la universidad, porque -en efecto- se acepta darle un trato especial a los bienes directos de la herencia de Riva Agüero y se formaliza el rol de la Iglesia en la elección de autoridades; pero también es una concesión del Arzobispado, porque desaparecen las pretensiones sobre todos los bienes adquiridos por la universidad más allá de la herencia de Riva Agüero y porque queda claro que su rol en la elección de autoridades es meramente de opinión, y no como sustituto de la Asamblea Universitaria. Puede debatirse razonablemente el mérito y peso relativo de ambas concesiones, pero no puede reducirse la situación a una caricatura, como lo ha hecho nuestra cada vez más paupérrima prensa, que, cazadora de titulares y acostumbrada al tratamiento sensacionalista de los conflictos, se ha apresurado a proclamar ganadores y perdedores.

La propuesta merece estudio. El rectorado ha negociado una salida constructiva en una situación muy compleja, algunos diríamos, adversa. La propuesta no termina en los escenarios (a) o (b) descritos arriba, sino en la formalización del estatus quo que ha sido el marco en el que la universidad ha construido todo lo que tiene hoy, en el terreno académico y economico.

Cualquiera que haya estudiado en la PUC y haya tenido alguna responsabilidad de gobierno universitario o representación estudiantil o sindical sabe que los candidatos a rector siempre se han consultado informalmente con la Iglesia; cualquiera sabe también que esa opinión no es un voto y que un rector opuesto por el Arzobispo puede ser elegido y gobernar (es el caso de Marcial Rubio) aunque el Arzobispo se niegue al ritual de la confirmación del cargo. Ninguna de las reformas estatutarias propuestas cambia esta situación; meramente formalizan el estatus quo y presentan un procedimiento transparente para que la Iglesia diga lo que quiera decir sobre los candidatos y luego la Asamblea elija en total libertad. No hay veto en absoluto. Otros cambios son cosméticos: frases declaratorias sobre el carácter de la universidad y de la educación católica que son perfectamente compatibles con su trayectoria histórica. Dentro de ese “estatus quo formalizado” la universidad puede seguir construyendo como antes, y manteniendo su libertad académica.

No fundó un convento, sino un centro de discusión. Caricatura de Carlín.

La nuez, sin embargo, no es la gobernabilidad o el carácter católico de la educación en la PUC. Eso, muy probablemente, era el interés fundamental del Vaticano, que está hace años buscando homogeneizar la identidad de las universidades católicas alrededor del mundo. Queda claro que para el Arzobispo de Lima, la cuestión de los bienes era tan o más importante: justo cuando las voces mediáticas o de las redes sociales buscaban la respuesta fácil de que la universidad había claudicado, perdido, o concedido, se viene a saber que Cipriani reniega del acuerdo.

Por versiones diversas, se sabe que Cipriani toma como excusa de su molestia la “filtración” del pre-acuerdo. Esto es una hoja de parra, por supuesto: era no solo inevitable, sino deseable que los miembros de la Asamblea Universitaria circulasen la propuesta, porque –al fin- la universidad es una comunidad y todos sus miembros tienen el derecho de opinar. Además, Cipriani acusa a la universidad de”filtrar” el acuerdo, convenientemente olvidando que fue su lado el que filtró a sus aliados de prensa la postura del conservador cardenal Erdo, enviado por el Papa como mediador. Fue por la prensa de derecha que nos enteramos de que Erdo estaba firmemente del lado de Cipriani y que no hubo mediación real, porque estaba enfurecido con la postura de la universidad de ampararse en la ley peruana.

Esto es una pataleta de Cipriani. Su apuesta es clara: se da cuenta de que el acuerdo propuesto le da victorias cosméticas y ahora pretende un arreglo en la hora undécima, sabiendo que tiene la ventaja del ultimátum vaticano de inminente vencimiento, y que con el embargo de facto de los bienes de la universidad puede apostar a una toma que escale el conflicto.

Al mismo tiempo, la nueva posición de Cipriani podría desnudar que no existe necesariamente una postura unificada del lado de la Iglesia:  una cosa es el interés en reafirmar el carácter católico de la PUC, y otra la cuestión de los bienes. Para Cipriani lo segundo parece ser la verdadera piedra de toque, habría que ver si esa es la postura de otros.

Es la comunidad universitaria la que debe decidir

Es imposible, de hecho, sería pretencioso decirle a la universidad qué hacer desde la posición de quien vive fuera del país y no tiene más vínculo que el afectivo con ella. Sería inaceptable erigirse en una especie de juez moral de quienes, desde el movimiento estudiantil y desde el cogobierno universitario enfrentan una situación crítica y el riesgo real de perder todo lo construido en décadas. A mi, personalmente, el acuerdo propuesto me parece razonable y si fuera miembro de la Asamblea Universitaria –con la información de que dispongo- probablemente lo aprobaría, pero no soy quién para hacerlo.

Eso sí: debe quedar claro que como exalumno y exprofesor, más aún, como persona formada en la PUC, la apoyaré –la apoyaremos muchos- en cualquiera de los escenarios posibles: ya sea que sufra el asalto legal de Cipriani, ya sea que se produzca una ruptura total con la Iglesia Católica, o bien que se logre una salida negociada. Está en manos de quienes hoy son la comunidad universitaria el decidir, el rol de nosotros, los exalumnos es el de opinar libremente, pero apoyar con firmeza.