Una respuesta débil de la candidata presidencial Verónika Mendoza en el programa periodístico de Milagros Leiva se ha convertido en el primer resbalón de su naciente campaña.

Como debería ser claro, la juventud de la candidata hace difícil para la prensa—dominada por un grupo económico de derecha—cuestionar a la candidata por su ejecutoria política; de modo que el ángulo de ataque es obvio: sus actitudes y opiniones.

En una multitud de áreas, como la lucha contra la corrupción, o por la defensa de los derechos humanos, la candidata ha logrado legitimarse como una voz ética y convincente; de modo que había que buscar un ángulo donde pudiera resbalar, y Leiva lo encontró con un largo y metódico interrogatorio al que Mendoza se sometió con la aparente lógica de “el que no la debe no la teme”: ¿Ud. viajó a Venezuela? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Qué hizo?... y por último, luego del ablandamiento: ¿Ud. admiraba a Hugo Chávez? y ¿Fue Chávez positivo o negativo para Venezuela?

OK. Paremos la película ahí, para entender lo que está ocurriendo.

El tema de Venezuela pertenece a la esfera de las relaciones internacionales. Es un país en una grave crisis económica y política que—de no resolverse—puede generar retos de seguridad y humanitarios en la región. Una política exterior razonable es la de invocar al diálogo y prevenir la violencia. Mucho más no se le puede demandar al Perú, y ahí podría quedar el punto.

Pero, debido a que la izquierda peruana, como muchas del continente, estableció alianzas con el chavismo, se ha abierto un flanco. Esto no es novedad: ya existía en las elecciones del 2006 y del 2011. No se podía ignorar. Es perfectamente esperable que se le pregunte a una líder de izquierda si sus concepciones económicas o sus convicciones democráticas son compatibles con el modelo venezolano, actualmente en desgracia.

La respuesta fue ambigua: si votaron por Chávez “algo bueno debe haber hecho”.

Era perfectamente posible decir que el gobierno de Chávez desarrolló programas sociales que se convirtieron en buenos argumentos electorales. Eso no era en ningún sentido inexacto. Pero la respuesta es vergonzante: tal vez lo hizo algo bueno, quién sabe, pregúntenle a los venezolanos.

La consecuencia es obvia y, por supuesto, injusta, porque la campaña, como la misma candidata dijo, no debiera estar marcada por estos tests, de poca relevancia para los problemas nacionales concretos.

El sambenito chavista, sin embargo, no tiene razón de ser, si la candidata es consecuente con el programa de su agrupación, el Frente Amplio. No debería haber problema alguno en reconocer que el gobierno chavista—durante la bonanza de precios del petróleo—disminuyó la pobreza, y tampoco, en consecuencia, debería haber problema en reconocer los problemas de sostenibilidad, y la inaplicabilidad de este modelo en el Perú por tres razones:

1) Porque la izquierda peruana—en particular el Frente Amplio—ya ha expresado en forma muy clara y con acciones, que es profundamente escéptica sobre un modelo extractivista, que condene a un país al rentismo. Debería ser obvio para la izquierda que un modelo como el venezolano, que convirtió al petróleo en la fuente del 96% de los ingresos nacionales, es irracional y completamente alejado de lo que se quiere para el Perú.

2) Porque la izquierda peruana tiene una larga y amarga experiencia con el caudillismo. En su absoluta mayoría los partidos de izquierda repudiaron al velasquismo, denunciaron desde muy temprano el liderazgo carismático de Alan I, y, por supuesto, lucharon contra la perennización de Fujimori. Un culto a la personalidad como el chavista, que crea un liderazgo indispensable sin el cual todo colapsa, no debería tener asidero en la práctica política que la izquierda pretende afirmar.

3) Porque la izquierda peruana ha sido la fuerza política más cercana a la lucha por los derechos humanos, desde la fiscalización parlamentaria hasta el activismo sindical, campesino, de las mujeres, de las personas LGBTI, y de los pueblos indígenas. Durante el conflicto armado y durante la dictadura, las sentencias de la CIDH fueron fundamentales para esa lucha. ¿Cómo entonces tener el más mínimo sentimiento de cercanía con el gobierno venezolano que denuncia y busca destruir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cómo aceptar la más mínima relación con un gobierno que protegió diplomáticamente la re-reelección de Fujimori ante la OEA? No hay manera.

El daño está hecho y, de algún modo, es mejor que el golpe haya avisado desde tan temprano en la campaña. No hay candidatura invulnerable, y no hay tema que los rivales políticos no puedan explotar. Verónika Mendoza brilla en relación al resto cuando pone la agenda en lo fundamental: el repudio a la corrupción del sistema político; el dominio patrimonial del estado por parte de los grupos económicos; la discriminación y el desprecio cotidianos en la vida social. Pero cuando la emboscada vuelva a armarse—e inevitablemente así será—la respuesta debiera ser clara.