Yo creo que es válido hacerle preguntas a los candidatos a la presidencia sobre si encuentran modelos, o no, entre otros gobiernos de su orientación política en la región. Pero, claro, si uno mira las encuestas, encontrará que preguntarle a los precandidatos de izquierda –aunque es válido- no pasa de una curiosidad, porque todavía están en el escalón de los “otros”.

Así que –ya que se ha abierto este tema- hagámosle la pregunta a los candidatos con las mayores preferencias, que son, ahora mismo Pedro Pablo Kuczynski y a Keiko Fujimori. Si la hacemos encontraremos en que no se hacen problema alguno en asociarse con el uribismo, y que la prensa peruana deja pasar esa asociación sin batir una pestaña.

En la campaña del 2011, Keiko Fujimori dijo que imitaría los “avances” de Uribe en Colombia, y PPK, para no quedarse atrás, dijo que su política de seguridad imitaba a la de “su amigo” Alvaro Uribe. De hecho, lo ha repetido hasta hace muy poco.

Esto es serio. Si a alguien le preocupa que un candidato de izquierda tenga un corazoncito con nostalgias chavistas, debiera preocuparle que los candidatos de derecha –que están a la cabeza de las encuestas- tengan firmes convicciones uribistas.

El uribismo preconizó la llamada política de “Seguridad democrática”, que consistía en hacer responsable a toda la sociedad, no sólo a las fuerzas de seguridad, del combate contra los grupos armados ilegales. Al mismo tiempo, exigía resultados medibles en territorio y bajas, en la lucha contra las FARC y el ELN.

Esa receta ha convertido a Uribe en el profeta de la derecha latinoamericana, ocupando el rol que en los 80s y 90s ocupaba Pinochet. Igual que la derecha se encogía de hombros ante los costos humanos del modelo pinochetista; la derecha latinoamericana hoy prefiere evitar (o justifica cínicamente) los costos del uribismo.

La política de exigirle a la población que se alinee, la convirtió en un blanco militar de los grupos ilegales. La exigencia de cuotas de eficiencia, resultó en el escándalo de los “falsos positivos”: alrededor de 3,000 casos en los que el ejército llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales de campesinos para presentarlas como bajas infligidas a los grupos armados. La creación de unidades no profesionales de “soldados campesinos” resultó en el reclutamiento forzoso de indígenas.

Y esto sin contar las relaciones entre el uribismo y el paramilitarismo. Desde su experiencia como gobernador de Antioquia en los 90, Uribe estuvo por la creación de “cooperativas de seguridad”, llamadas CONVIVIR, que terminaron siendo redes de reclutamiento de paramilitares responsables de masacres y desplazamientos forzados.

Bajo el gobierno de Uribe, se pretendió darle un paracaídas al paramilitarismo, firmando un acuerdo de desmovilización para que sus jefes entregaran las armas y pasaran a la vida política, tras breves períodos de cárcel. Fracasó, no porque faltase la voluntad de Uribe de legalizar a las fatídicas Autodefensas Unidas de Colombia, sino porque la Corte Constitucional anuló aspectos fundamentales del acuerdo.

Al final, aunque la política de combate a las FARC resultó en golpes importantes, las relaciones con el paramilitarismo terminaron por crear otros problemas, entre ellos la corrupción de sectores enteros de la vida política colombiana, la complicidad del ejército e, incluso luego de la desmovilización paramilitar, la transformación de muchos “desmovilizados” en nuevas bandas criminales.

Además, durante el gobierno de Uribe se hizo práctica común poner el servicio de inteligencia a “chuponear” a jueces, a periodistas y a políticos opositores. Y no sólo eso: los agentes de seguridad montaron atentados para adjudicárselos a las FARC, y llegaron a entrenar a paramilitares.

Y si el gobierno de Uribe fue controversial en sus políticas de “seguridad”, no lo fue menos en su estilo brutalmente confrontacional. Durante su gobierno, Colombia vivió a saltos entre una crisis política y la siguiente. Uribe se enfrentó con todos los poderes públicos, trató de copar todas las ramas del estado, y al final, trató de hacerse re-reelegir. Si no fuese por la Corte Constitucional, que le dijo “no”, hubiera postulado por tercera vez a la presidencia.

Fuera de la presidencia, Uribe se ha convertido en un factor de división nacional, y el más acérrimo rival del Presidente Santos y su intento de terminar el conflicto armado por medio de una negociación. Ha insultado a Santos y a sus ministros, ha acusado de “guerrilleros” a parlamentarios y a defensores de derechos humanos, ha hecho todo lo posible por crear un clima de zozobra cuando lo que más necesita el país es calma.

Uribe, de hecho, es el hermano gemelo de Chávez, por la derecha: un caudillo bocón, agresivo y autoritario. Si se critica a quienes vacilan al enfrentarse al legado del chavismo, igual crítica debe existir ante quienes no vacilan, sino que se suben contentos al carro del político de derechas más nefasto del continente.

PPK y Keiko Fujimori sostienen que ese es su modelo para aplicar políticas de seguridad. ¿Ese es su modelo? ¿Un caudillo autoritario, cercano a los paramilitares, espiando a los opositores, saboteando cualquier posibilidad de paz, pidiendo cuotas de muertes a las fuerzas armadas?Habrá que ver si algún periodista hace esa pregunta.