La paz colombiana fue siempre una apuesta política arriesgada, pero cualquier riesgo era preferible a la certeza de una guerra que ya lleva tres generaciones.

El resultado del plebiscito es fatal para el gobierno de Santos, implica una derrota para toda la clase política del hemisferio, y es una posible condena a muerte para miles de jóvenes pobres, que son quienes, finalmente, dejan sus vidas en el campo de batalla.

Desde el Perú o, en general, desde una América Latina donde el ruido triunfante de la derecha dificulta la reflexión, se requieren tres elementos de orientación: conocimiento sobre el acuerdo que se propuso; sobriedad, para identificar las causas profundas del rechazo; y esperanza para, pese a todo, imaginar escenarios nuevos de paz.


1) El acuerdo

El acuerdo era extremadamente ambicioso y complejo en sus contenidos, que incluían cinco componentes: reforma de la tierra, política ante las drogas, transformación de las FARC en organización política, desarme y justicia para las víctimas. Esto es, a los elementos tradicionales de una negociación, que son el acceso aunque sea parcial al poder y las condiciones del desarme, se agregaban políticas para enfrentar las causas profundas de la guerra, en particular, transformaciones en el campo.

El acuerdo no era ambicioso solamente en sus contenidos, sino también en su procedimiento. Reconociendo que la negociación necesitaba de legitimidad popular, además de voluntad de las partes, el proceso de La Habana incorporó importantes elementos de participación ciudadana. 60 organizaciones de víctimas se hicieron presentes en la mesa de negociaciones para presentar sus demandas, y siempre se supo que el conjunto de los acuerdos se sometería a plebiscito, como ha ocurrido en otras latitudes, por ejemplo con los Acuerdos de Viernes Santo, en Irlanda del Norte.

Compárese este modelo con la “desmovilización paramilitar” acordada el 2003 por el gobierno de Alvaro Uribe y los paramilitares de las AUC en San José de Ralito. Aquél fue un pacto negociado directamente entre dos partes que compartían una postura estratégica frente al conflicto, y que negociaron una salida cómoda a los posibles problemas legales que enfrentarían los jefes de las AUC. No hubo plebiscito, pese a las grandes resistencias a un pacto que prometía sentencias leves a los paramilitares y su normalización política. En ausencia de participación popular, fue una serie de litigios ante la Corte Constitucional y la Corte Suprema, la que alteró profundamente el acuerdo, y resultó en formas de justicia efectiva.


2) Las estrategias ante el plebiscito

El gobierno y sus aliados, una coalición amplia que iba desde Santos hacia las izquierdas, mantuvieron una rara unidad de propósito durante lo que resultó un proceso largo y complicado, puntuado por rupturas, incidentes armados y estancamientos. En parte, ayudó a esa consistencia, un apoyo internacional variopinto que incluía a la ONU y el Vaticano; a rivales históricos como Cuba y Estados Unidos; y el apoyo de países como Chile y Venezuela, participantes en agrupamientos regionales opuestos.

Los que respaldaban el proceso lograron saltar varias barreras legislativas y judiciales: le dieron autoridad a la delegación gubernamental, lograron reformas constitucionales para limar asperezas legales en el acuerdo y, sabiendo que en Colombia la participación electoral es baja, lograron un umbral de aprobación que parecía realista. Bastaba que un 13% del censo electoral votase a favor (y un porcentaje menor se opusiera) para que los resultados del plebiscito fuesen válidos. Además, lograron lo que parecía una metodología favorable al “Sí”: un voto en bloque a todo el acuerdo, en vez de votos separados a sus cinco componentes.

El mensaje principal del “Sí” encerraba una paradoja. Por un lado, presentaba un horizonte que ha sido utópico para generaciones de colombianos: el fin de un conflicto sangriento, la profundización de la democracia y el despegue económico. Del otro, se presentaba como el resultado de un cálculo realista: era un acuerdo con componentes polémicos, pero era lo mejor que se podía obtener en la negociación con una fuerza que –aunque fuertemente golpeada- podía mantenerse en la guerra indefinidamente.

El mensaje del “No”, por el contrario, no tenía sutilezas. Para el “No”, el acuerdo era una abdicación ante el terrorismo, y una ingenuidad, porque no podía confiarse en las FARC. Las fuertes bases sociales del uribismo: sectores empresariales agrarios y su bastión electoral en Antioquia, se movilizaron sin la necesidad –que sí tenían sus rivales—de lograr laboriosos consensos.

El mensaje del “No” apelaba al miedo y la paranoia: una victoria política de las FARC había sido posible como resultado de una gran conspiración de derechistas traidores e izquierdistas, para entregar el país al cuco del chavismo. Este mensaje era deshonesto e hipócrita. Deshonesto, porque escondía la verdadera razón de la oposición empresarial: el rechazo a reformar la propiedad de la tierra, que ha terminado concentrada en grupos agroexportadores como resultado de décadas de desplazamiento forzado de campesinos pobres. Hipócrita porque los mismos sectores que se oponían a la legalización de las FARC no se preocuparon por la legalización y la impunidad de las AUC que pretendió el gobierno de Uribe.


3) Escenarios futuros

En términos inmediatos, el resultado es una derrota que reduce el capital político de Santos a su mínima expresión, y hace muy difícil volver a la mesa de negociaciones con las FARC.

El uribismo, en medio de su victoria, parece sorprendido e inconsistente. Sus bases se alegran, pero sus dirigentes parecen -a lo Brexit- atemorizados de lo que han desatado, y ya declaran que su victoria es apenas un mandato “para ajustar” algunos elementos del acuerdo, en vez de rechazarlo del todo.

Del lado de las FARC, hay decisiones históricas que adoptar. Venderle el acuerdo a la base y derrotar a sectores guerreristas no ha sido fácil para la delegación que estuvo en La Habana. La dirigencia fariana tuvo que ampararse en la legitimidad que daba el acompañamiento cubano, y seguramente tuvo que reconocer una situación militar difícil.

Volver a la mesa con un gobierno derrotado es probablemente fútil, pero esperar dos años para sentarse a hablar posiblemente con el uribismo es suicida. Peor aún, sicológicamente, decirle a la base que siguen los tiros y la muerte tampoco puede ser fácil.

Es posible, sólo posible, que el gobierno y las FARC concluyan que –pese al resultado- es políticamente más prometedor mantener algunas de las ganancias del proceso y seguir intentando convencer al país de las ventajas de la paz. En esa dirección, por ejemplo, sería fundamental que ambas partes mantuvieran el cese al fuego.

En última instancia venció el “No” y, con él, una de las formas de construcción del estado colombiano. Un estado que se ha estructurado en y para la guerra, que ha normalizado formas de pensamiento binarias y militarizadas. Pero sería absurdo, incluso luego de su derrota, desmerecer o descartar el potencial de la coalición de paz, y el hecho de que ella también refleja una realidad profunda: que hace una generación, con la Constitución de 1993, se abrieron espacios para buscar el cambio en democracia, y se consagró el horizonte aspiracional de un Estado Social de Derecho.

La paradoja colombiana es que ambas realidades existen: un estado brutal, que vive de y para la guerra, y estructuras judiciales sofisticadas que protegen derechos. Una realidad en los escenarios de guerra, de atrocidad inenarrable y una enorme sofisticación jurídica en las zonas lejanas al conflicto. Instituciones y mentalidades hechas para la guerra, pero movimientos sociales y alianzas políticas para la paz.

Hoy ha vencido la inercia de la guerra, persiste “la horrible noche” de la que habla el himno colombiano, pero –creo- persiste también la terquedad de una sociedad que cada vez más ve la guerra como una forma obsoleta de perseguir cambios.